Hay una familia que reside en Luján de Cuyo que acusan a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de usurpar su propiedad con el propósito de explotar reservas y denuncian contaminación.
Christian Sanz y Claudia Durán se comunicaron con el abogado de esa familia, José Rubio, en el ciclo que conducen en Radio News para comprender cómo se está llevando adelante este tema.
“En este momento está normalizado el pago del canon. Es un canon legal por el sistema de servidumbre, no hay una deuda económica con respecto a esta familia en particular. Sí es cierto que se han detectado nuevos daños ambientales”, explicó el letrado.
“Esto es un derrame de petróleo y agua a través de cauces aluvionales y acequias. El agua de producción es el agua que se extrae con el petróleo y está definido como el contaminante más nocivo y peligroso de la industria petrolera. El agua se tiene que separar del petróleo y luego ser inyectada previo tratamiento. Esta agua es portadora de elementos químicos, que son nocivos y tóxicos, y por eso es definido como un residuo peligroso, es portadora de plomo, estroncio, etcétera, muchos metales pesados. Está determinado que en algunos casos son los causantes de infinidad de enfermedades, incluso cancerígenas”, añadió.
“Ya hubo una multa importante en el yacimiento Lulunta Carrizal”, se le señaló, a lo que Rubio explicó que fue “por la contaminación del agua dulce de ese sector de la punta norte de la subcuenca Carrizal. Es un solo cuerpo de agua y ahí se contaminó con gases, metano, etcétera, con casi imposible remediación. En este caso realmente me llamó la atención por la magnitud del incidente ambiental que hemos detectado”.
“En realidad no me extraña tanto porque lo que sí vemos es que hay un estado de virtual abandono de yacimientos petroleros en la cuenca norte que coincide con el valle norte hídrico y comprenden una serie de yacimientos. En esto tenemos que poner un ojo y un cuidado ahí. Acordémonos que Mendoza es un desierto que funciona a través del oasis de los 5 ríos que la atraviesan. Esta falta de cuidado me sorprende por la magnitud del evento y es una prueba del estado de abandono debido a la desinversión que hay”, comentó el abogado.
En tal sentido, explicitó que “la petrolera es una industria riesgosa, por tanto está específicamente regulada por un plexo normativo que, luego de la privatización de los años 92 y 93, especifica con nivel de detalles y con precisión cuáles son los procedimientos de las distintas etapas, tanto en la exploración y explotación petrolera, como refinación. Es decir, el marco normativo es muy bueno. ¿Qué pasa generalmente? Bueno, por distintos motivos no se cumple. En este caso en particular digo que acá hay una falta de inversión en el cuidado del medio ambiente, la protección del medio ambiente es de mandato constitucional”.
Respecto de los controles, comentó que “toda esta actividad regulada por leyes debe ser observado y cuya aplicación está en manos de quien ejerce como policía ambiental e hidroambiental y es aquí donde hay una zona de superposición de poderes entre la Secretaría de Ambiente y/o el Departamento General de Irrigación. Esto ha dado lugar a innumerables conflictos porque lo que están fallando son los controles. No nos olvidemos que hacia el año 2010/2011 se decretó la prórroga de los plazos de concesión petrolera anticipada. Las concesiones originales vencían en 2017 y 6 años antes fue prorrogado al 2027. Entre las condiciones había una serie de cláusulas de carácter ambiental y se ponía en especial énfasis en este tema. Obviamente en algunos casos esto no se ha cumplido”.
“Una de los causales de todo esto es la falta de fiscalización en las tareas que está llevando la actividad petrolera. La división se hace en dos: la refinación que se hace en destilería y la explotación y exploración que es la extracción de petróleo concretamente”, finalizó Rubio.
