La insoportable inseguridad que cada vez golpea con mayor fuerza, llevó a que desde el Partido Justicialista solicitaran al Gobierno que declare la “emergencia en seguridad” en Guaymallen.
Fue el senador Rafael Moyano, quien hasta hace poco se destacó como titular de la Bicameral de Seguridad, el que formuló el pedido.
En la iniciativa, que fue presentada tras el asesinato del empresario Emilio Giménez, señaló que vería “con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza instruya y coordine con el Ministerio de Seguridad a efectos de realizar todos los actos útiles a fin de declarar la ‘emergencia en seguridad’ en el departamento de Guaymallén y, asimismo, internamente en el Ministerio de Seguridad a efectos de proveerle los recursos necesarios”.
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Y agregó: “El motivo son los hechos violentos que se vienen repitiendo en todos nuestros distritos –reseñó el legislador justicialista–. Lamentablemente hemos hecho pedidos de informes y las respuestas a ellos dan muestra de la situación compleja en la que se encuentran nuestras fuerzas de seguridad tanto en recursos humanos y tecnológicos como logísticos y de infraestructura”.
Reafirmó además: “La situación del departamento en materia de inseguridad es muy grave. Las mismas fuerzas de seguridad tienen que lamentar diariamente esta falta de recursos y por eso la garantía de la seguridad no está provista”.
Y continuó: “A las víctimas fatales que debemos lamentar ante la creciente escalada de inseguridad en Guaymallén ahora debemos sumarles el empresario asesinado cuando salía de la Feria de Guaymallén, en las inmediaciones de su hogar, un hecho que fue coincidente con la visita de la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich”, que justamente se presentó en el popular mercado cooperativo.
Además, alertó: “Hoy más que nunca necesitamos que el Poder Ejecutivo, la Provincia, el Gobernador y el ministro de Seguridad entiendan la gravedad de la situación en Guaymallén. Por eso es que estamos solicitando esta declaración de emergencia en seguridad para todos los ciudadanos de ese departamento”, el más poblado de Mendoza.
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Los fundamentos de la iniciativa –contenida en el expediente Nº77.939 del Senado– remarcan que “el problema del crecimiento de la inseguridad es generalizado puesto que, en los últimos años, el delito viene creciendo de manera sostenida en toda la provincia, tal cual se desprende de los informes trimestrales Anexo 30 – Art. 27º Ley de Responsabilidad Fiscal, presentados por el propio Ministerio de Seguridad”, y que “también ha crecido la sensación de inseguridad, según se desprende de lo reflejado por la última Encuesta Provincial de Victimización”.
“La sensación de desprotección es todavía mayor”
“Guaymallén no escapa a esta realidad –argumenta Moyano–. Al igual que en todos los departamentos de Mendoza, la situación se repite. Asimismo, el territorio que deben atender las comisarías y subcomisarías es muy amplio con relación a la cantidad de efectivos con los que cuentan las dependencias policiales del departamento”.
Tras indicar que no se puede “precisar con exactitud cuál ha sido el tamaño del crecimiento y cuán grande puede ser la diferencia con otras zonas de la provincia, debido a la ausencia de estadísticas oficiales”, el senador afirma que “solo basta con ver las noticias, entrar a las redes sociales o fundamentalmente visitar la zona y dialogar con los vecinos para enterarse de que, en los últimos años, el crecimiento es muy importante y que la sensación de desprotección es todavía mayor”.
Por otra parte, dijo que la fuerza policial cuenta con “casi 5 mil chalecos antibalas vecinos”, y enfatizó que su propuesta “se sustenta en el creciente número de delitos violentos y no violentos suscitados en los distritos de Guaymallén. Las constantes denuncias de los ciudadanos y la falta de efectividad en la prevención del delito ante la carencia de recursos de las fuerzas de seguridad, que se encuentran desprovistas de personal y recursos humanos, logísticos, tecnológicos y de infraestructura”.
En tal sentido, el legislador provincial manifestó que los policías “también son víctimas de este cuadro de situación”. Y sentencia al respecto: “Mediante registros relevados de los distintos pedidos de informes realizados por mí mediante resoluciones de esta Cámara de Senadores y respondidos por los responsables de dichas comisarias se ve reflejado que, dentro de los casi 5.000 chalecos antibalas vencidos, aproximadamente 200 corresponden a efectivos de Guaymallén”.
