En un clima de descontento expresado por una gran cantidad de docentes, el SUTE se hizo eco del mismo y planea acciones legales antes los memorándum dados a conocer en los últimos días y horas.
“Cuando a un gobierno le importa la educación, hace que sea prioridad absoluta, para que la educación sea prioridad absoluta no puede pasar que las docentes y los trabajadores de la educación se enteren por un tuit del Gobernador, después de tres días de jornadas, lo que vamos a hacer en las escuelas. Es una falta de respeto”, expresó Henríquez a diario Los Andes.
Además, indicó que en la mayoría de las escuelas no están dadas las condiciones, fundamentalmente edilicias, para recibir a los chicos en las aulas. “Hay escuelas que anunciaban que no pueden comenzar las clases por la situación edilicia, que se arrastra hace años, el gobierno cuando invierte en obra pública, no invierte en la obra pública más importante que son las escuelas”, sentenció.
Henríquez apuntó contra José Thomas. “Si le importa la pedagogía al director de la DGE lo invitamos a que recorra las escuelas y que las suministre de los recursos necesarios, que garantice la conectividad que no tuvieron, que sea cuidado con los protocolos necesarios. Porque la educación no puede ser a costa del riesgo de los chicos, de las familias, ni de los docentes”, agregó el secretario general.
“El Sute va a seguir con su plan de lucha en unidad con los estatales, y vamos a hacer acciones legales entre hoy (viernes) y el lunes por la nueva resolución de la DGE respecto a la presencialidad absoluta y vamos a convocar asambleas en las escuelas”, adelantó el sindicalista docente.
Durante el viernes a la tarde, se dio a conocer un nuevo memorándum de la DGE, firmado por el subsecretario de Administración y el director de Recursos Humanos de la cartera educativa, en el que se comunica a los directivos de los establecimientos que a partir del lunes 2 de agosto podrán convocar, de acuerdo a las necesidades, al personal docente y no docente, que haya completado el esquema de vacunación, a prestar servicios de manera presencial.
Así, quedan sin vigencia las excepciones esgrimidas en contexto de pandemia, de asistir al lugar de trabajo a personas mayores de 60 años, embarazadas y algunos grupos de riesgo. Los únicos agentes que quedarán exceptuados del trabajo presencial serán aquellos que presenten inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y transplantados.
En el caso de las personas que hayan decidido no recibir voluntariamente la vacuna, en el memorándum, las autoridades educativas expresan que “deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que esa decisión pudiere originar a los empleadores”. De ser convocadas, estas personas deberán presentar una declaración jurada manifestando los motivos que impidieron el acceso a la vacunación.
