
El Senado de Mendoza aprobó una reforma al Código Procesal Penal, pero el proceso estuvo marcado por fuertes cuestionamientos de la oposición. El bloque justicialista votó en contra y denunció que la iniciativa fue tratada sin el debido debate ni la consulta a expertos.
“Estamos ante una nueva oportunidad perdida de hacer bien las cosas”, afirmó Adriana Cano, titular del bloque justicialista, al adelantar su voto negativo. Según la legisladora, la reforma impactará directamente en la administración de justicia, pero sin haber escuchado las voces de especialistas, colegios profesionales ni instituciones académicas.

Principales cuestionamientos
Uno de los puntos más criticados es que la reforma no agiliza los procesos judiciales, sino que los vuelve más complejos al postergar resoluciones clave. Además, según Cano, limita garantías fundamentales como el derecho a la defensa, ya que restringe la posibilidad de apelación en situaciones que podrían ser irreparables para los acusados.
“Lejos de fortalecer el sistema de justicia, esta reforma otorga más poder al Ministerio Público, ampliando sus facultades en la investigación y reduciendo la participación de las partes antes del debate”, advirtió. También señaló que impedir la discusión de la calificación legal antes del juicio es un grave retroceso, ya que entorpecerá los procesos y aumentará el gasto de recursos.
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Otro punto cuestionado fue el tratamiento legislativo express. Cano aseguró que se desconoció el rol del Poder Legislativo como espacio de debate y consenso, y recordó que el Colegio de Abogados de Mendoza y las cátedras de Derecho Procesal Penal de la UNCuyo presentaron objeciones y propuestas que fueron ignoradas.
“No estamos en contra de mejorar el Código Procesal Penal, pero sí de hacerlo mal, sin transparencia ni debate”, concluyó Cano, lamentando que se haya desaprovechado la oportunidad de realizar una reforma verdaderamente modernizadora.