Con una nueva demolición de un aguantadero en Maipú, el Ministerio de Seguridad y Justicia continúa la recuperación de inmuebles utilizados para el delito. La política ya permitió iniciar 48 expedientes administrativos, concretar 12 demoliciones y otras siete intervenciones para recuperar espacios vinculados a actividades delictivas.
El Ministerio de Seguridad y Justicia continúa consolidando una política pública destinada a recuperar inmuebles utilizados para actividades delictivas y devolver esos espacios a los vecinos. Este lunes se concretó una nueva intervención con la demolición de una vivienda ubicada sobre calle 20 de Junio, en Maipú, que funcionaba como un aguantadero y representaba un riesgo para la seguridad del barrio.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, supervisó el operativo junto al director del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, Carlos Magnani, y el jefe de la Distrital, Miguel Mendoza.
La intervención fue el resultado de un expediente administrativo iniciado a partir de denuncias vecinales, informes policiales y relevamientos socioambientales que daban cuenta del avanzado estado de abandono del inmueble y de su utilización por personas ajenas al lugar. Según las actuaciones, la vivienda era utilizada como refugio, aguantadero y punto de ocultamiento, favoreciendo el ingreso permanente de personas, situaciones de inseguridad y condiciones propicias para la comisión de delitos. En distintas oportunidades, además, la Policía intervino tras llamados al 911 y constató que el lugar era utilizado para pernoctar y consumir estupefacientes. El estado de deterioro de la construcción, sin puertas ni ventanas y con acceso irrestricto, facilitaba su ocupación y afectaba la seguridad de los vecinos y de la comunidad en general.
«Adentro había colchones, ropa y distintos elementos que demostraban que funcionaba como un aguantadero, donde la gente pasaba la noche y también concurría a consumir drogas. Todo eso afecta la seguridad del entorno y la tranquilidad de los vecinos», explicó Rus.
La ministra remarcó que la demolición constituye la etapa final de un procedimiento administrativo que comienza con denuncias vecinales y continúa con informes policiales, relevamientos técnicos y la identificación de los titulares registrales. «Al titular registral es a quien se le protege la propiedad de esta forma, para que no vuelva a ser invadida y para que no se cometan delitos en relación con ese inmueble», afirmó.
En este caso, los propietarios eran los herederos de la vivienda, quienes reconocieron que permanecía abandonada desde el fallecimiento de su progenitor. Tras ser notificados sobre la situación y el impacto que generaba en el barrio, firmaron el acta correspondiente y prestaron conformidad para avanzar con la demolición.
Rus explicó que los herederos «entendieron el reclamo generalizado de los vecinos, reconocieron el estado de abandono de la propiedad y también que no tenían la capacidad de ocuparse del inmueble», por lo que acompañaron la intervención impulsada por el Ministerio.
Una vez finalizada la demolición, los propietarios podrán retirar los escombros y deberán ejecutar un cerramiento u otro sistema que impida nuevas usurpaciones o que el predio vuelva a convertirse en un foco de inseguridad.
El operativo contó con la colaboración de la Municipalidad de Maipú, que dispuso personal de Tránsito para los cortes de calles y de Defensa Civil para acompañar las tareas.
Una política para recuperar inmuebles vinculados al delito
La intervención forma parte de una política que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene desarrollando a través del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana y de la Resolución 2579, que establece el procedimiento para actuar sobre propiedades abandonadas o utilizadas para actividades delictivas.
La medida permite intervenir mediante un expediente administrativo que incluye informes policiales, relevamientos catastrales y socioambientales, la identificación y notificación de los titulares registrales y la adopción de distintas acciones orientadas a recuperar esos inmuebles, proteger el derecho de propiedad y evitar que continúen siendo utilizados para la comisión de delitos.
En ese sentido, Rus sostuvo que «la seguridad también se construye recuperando espacios que durante años ocupó el delito. Cuando el Estado interviene sobre estos inmuebles no solo elimina un aguantadero; también devuelve tranquilidad a los vecinos y protege el derecho de propiedad de sus titulares».
Una política de recuperación territorial
Desde la puesta en marcha de esta política en 2024, el Ministerio de Seguridad y Justicia inició 48 expedientes administrativos sobre inmuebles vinculados a actividades delictivas.
Hasta el momento se concretaron 12 demoliciones y otras siete intervenciones administrativas sobre inmuebles vinculados al delito. Estas actuaciones incluyeron tapiados preventivos y procedimientos que permitieron localizar a los titulares registrales para que recuperaran el control de sus propiedades y adoptaran medidas destinadas a impedir nuevas ocupaciones o su utilización para actividades ilícitas.
La ministra destacó que cada expediente tiene un tratamiento particular y que el objetivo no siempre es llegar a una demolición. «Muchas veces los titulares viven en otra provincia, en otro país o simplemente desconocen cómo el abandono de esa propiedad termina afectando la seguridad del barrio. Cuando toman conocimiento, adoptan medidas para recuperar el inmueble y evitar que vuelva a ser utilizado para actividades delictivas», explicó.
