El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, calificó de error geopolítico un acuerdo que cede jurisdicción ante el Estado que ocupa las islas.
La ofensiva por Malvinas sumó un frente sobre la mesa: el andamiaje jurídico que regula las inversiones británicas en la Argentina. El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, le reclamó al Congreso que derogue la Ley 24.184, la norma que en 1992 incorporó al derecho argentino el convenio bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones con el Reino Unido.
El funcionario difundió el planteo el lunes por la noche en su cuenta de X, donde etiquetó directamente a ambas cámaras legislativas. Su argumento apunta a la incoherencia entre el reclamo de soberanía y la vigencia del acuerdo: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”. Definió la derogación como una “medida fundamental” para la política exterior, aclaró que “nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas” y cerró con una referencia constitucional: denunciar el tratado, sostuvo, es un paso necesario para cumplir con la Carta Magna.
Qué establece la norma que cuestiona
El convenio se firmó en Londres el 11 de diciembre de 1990 y el Congreso lo aprobó el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. Consta de catorce artículos y forma parte del paquete de normalización bilateral que arrancó con los Acuerdos de Madrid, entre octubre de 1989 y febrero de 1990, cuando ambos países restablecieron relaciones diplomáticas tras la guerra de 1982.
El corazón del texto es el artículo 3, precisamente el que menciona Dachary. Allí se establece que ninguna de las partes puede aplicar a las inversiones y ganancias de inversores de la otra un tratamiento menos favorable que el que otorga a los propios o a los de cualquier tercer país. La misma cláusula se extiende a la gestión, el mantenimiento, el uso, el goce y la liquidación de esas inversiones.
El acuerdo también asegura la libre transferencia de utilidades, protege frente a expropiaciones sin compensación y prevé el arbitraje internacional como vía de resolución de controversias.
El obstáculo que complica una salida rápida
Aun si el Congreso avanzara, la desvinculación no sería inmediata. La propia ley incorpora una cláusula de supervivencia: en caso de denuncia del tratado, las inversiones concretadas mientras estuvo vigente conservan la protección de sus disposiciones durante quince años adicionales. Es decir que el efecto práctico de la derogación recaería sobre operaciones futuras y no sobre las ya realizadas.
