El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick, quien falló contra el Gobierno por la ley de Financiamiento Universitario, estuvo en su momento vinculado a La Cámpora y fue funcionario kirchnerista en los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cormick está a cargo del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 desde 2020.
Entre octubre de 2014 y diciembre de 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner estuvo a cargo de la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de Nación. Cuatro años después, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, pasó a estar a cargo de la Sindicatura General del PAMI, cuando Luana Volnovich, de La Cámpora, había desembarcado al frente de la obra social de los jubilados.
Antes, Cormick se había desempeñado como director en la Defensoría de la Ciudad y en los programas de acceso a la Justicia en los barrios. Entre 2008 y 2010 fue director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Defensoría, mientras que entre 2007 y 2008 se había desempeñado como jefe de Compras de la Auditoria General de la Ciudad. En su currículum incluyó un reconocimiento que le hicieron en 2010 las Madres de Plaza de Mayo.
En su juzgado recayó el amparo presentado por las Universidades nacionales ante la falta de cumplimiento del Gobierno de la Ley votada por el Congreso. Este martes, Cormick falló sobre la cuestión de fondo, pero ya en diciembre había concedido una cautelar que ordenó cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, sobre actualización de salarios y becas estudiantiles. La Corte Suprema dejó firme la cautelar el 25 de junio, y ahora el juez intimó al Gobierno a ejecutar su sentencia.
En su momento, Cormick también declaró la nulidad del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad en una causa impulsada por el CELS. Consideró que esa norma afectaba la libertad de expresión y se excedía en las funciones del Poder Ejecutivo.
El Gobierno apeló y, en marzo de 2026, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto la medida del juez y el protocolo entró en vigencia.
En octubre de 2024 también otorgó una medida cautelar en favor de la asociación de los diplomáticos que trabajan en Cancillería y frenó el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre el plus salarial que los miembros del servicio exterior cobran cuando son asignados en el extranjero.
También hizo lugar parcialmente a una cautelar que impidió al Gobierno excluir de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social y suspender el pago a sus beneficiarios por participar en protestas.
