El juez federal Leopoldo Rago Gallo imputó hoy a dos de los hijos del juez federal Walter Bento, acusado de liderar una supuesta asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a presos a cambio de beneficios, informaron fuentes vinculadas al caso.
Se trata de Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento, ambos empleados judiciales y acusados por “lavado de activos de origen ilícito”, en el marco de la investigación iniciada en mayo de 2021 cuando el juez federal Eduardo Puigdéndolas (actualmente de licencia), imputó a Bento como presunto jefe de una asociación ilícita junto a su esposa y varios abogados.
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Walter Bento, padre de los nuevos imputados en la causa y con competencia electoral en esta provincia, se encuentra con prisión preventiva pero aún en funciones, acusado de cobrar coimas en Mendoza para favorecer a presos.
El juez se encuentra imputado como presunto líder de una asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En setiembre pasado, miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió no impulsar el proceso de desafuero y su suspensión, a pedido de miembros de la magistratura.
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Según reza la nueva imputación, los hermanos Bento fueron señalados de “haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita, al adquirir bienes, muebles e inmuebles registrables, como así también realizar inversiones en fideicomisos inmobiliarios y numerosos viajes al exterior”.
El fiscal Dante Vega también ordenó la prohibición a ambos de salir del país y requirió la retención de sus documentos de viaje.
Desde el inicio de la investigación, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de 22 personas, entre las que se encuentran el juez federal y su esposa Marta Boiza, suspendida de su cargo como empleada judicial y también investigada por enriquecimiento ilícito.
La investigación se inició luego de que la fiscalía federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado, que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del magistrado procesado.
A Bento la justicia le dictó el año pasado un embargo por $177.610.000.
