Este año, en razón de la pandemia del coronavirus, el G20 que tuvo a Arabia Saudita como organizador del encuentro de jefes de Estados de los países más importantes del mundo, se realizó de forma virtual.
De la misma manera fue la que tuvo lugar hace un mes en donde ministros se reunieron con el objetivo de combatir la corrupción. Allí se expresaron una serie de 15 preguntas y, en línea con ser el país que da la nota, Argentina terminó aplazando.
En el documento emitido, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG por sus siglas en ingles), se aseguró: “En un contexto de fragilidad social y económica mundial sin precedentes causado por la pandemia Covid-19, la corrupción representa la mayor amenaza para el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la inversión y la confianza de los gobiernos”.
Se arribó a la mencionada conclusión luego de que funcionarios de 22 países expusieran digitalmente y con el resultado de la encuesta que previamente debieron responder cada uno de ellos
La Argentina fue representada por el titular de la oficina Anticorrupción (OA), Felix Crous y, según se desprende del informe al cual tuvo acceso el diario Clarín, de las 15 solamente respondió de forma acertada 5 preguntas.
Respecto de otras cuatro no hizo referencia alguna a acciones que el Gobierno esté realizando y con las seis restantes la respuesta fue directamente “not available”, o sea, “no disponible”.
Según consigna el “gran diario argentino”, estas seis últimas son:
-¿Ha evaluado su gobierno los riesgos de corrupción nacional o trasnacional que surgen durante la pandemia Covid-19?
-¿Ha realizado su gobierno alguna evaluación previa del riesgo de corrupción que sea relevante para las actividades que se están llevando a cabo, o de los riesgos presentes en la situación de pandemia actual u otros escenarios de emergencia (por ejemplo, una evaluación de los riesgos de corrupción en el sector sanitario anteriores, evaluación de procesos de adquisiciones de emergencia)?
-Descripción de 3 a 5 riesgos de corrupción identificados por su país (tanto a corto y largo plazo) que surjan en relación con la crisis del Covid-19 (Se adjuntaba una lista de posibles respuestas, estilo multiple choice que no fue utilizada)
-Si es posible, proporcione ejemplos de casos detectados o presuntos de riesgo o fraude nacional o trasnacional, de acuerdo con las áreas de riesgo claves mencionadas en la pregunta anterior. Incluya un resumen del acto detectado o sospechoso y como se advirtió.
-¿Cuáles son los controles, salvaguardas y medidas contra la corrupción que su gobierno ha implementado para abordar los riesgos de corrupción?
-Si es posible, proporcione una descripción general de como los actores interesados (por ejemplo, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y los medios de comunicación) han apoyado los esfuerzos de supervisión para detectar el fraude y la corrupción a su país durante la pandemia. ¿Existe alguna política y práctica específica que tenga su país para facilitar estos esfuerzos?
Según se desprende de un análisis de la presentación realizado por la Unión Cívica Radical, en las cuatro respuestas fallidas se dieron respuestas tales como: “la eficacia de las medidas anticorrupción durante la pandemia aún no se ha evaluado”, “el análisis de las medidas adoptadas en 2020 se llevarán a cabo en 2021” o “el impacto del procedimiento de contratación pública será realizada ex post por las autoridades nacionales competentes”.
“En muchas respuestas la Oficina Anticorrupción tuvo la oportunidad de lucirse, señalando simplemente cuáles han sido – en caso de existir- las actuaciones llevadas a cabo por la misma, por cuanto ostenta facultades de investigación, que la habilitan a formular denuncias penales por posibles delitos contra la Administración Pública o constituirse en querellante en causas penales ya iniciadas”, indica el paper redactado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la fundación Alem (UCR), a cargo de la secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Valentina Delich.
En ese sentido agrega “el escandaloso episodio de las contrataciones por el Ministerio de Desarrollo Social de alimentos para sectores vulnerables con sobreprecios que culminó con el apartamiento de varios funcionarios de esa cartera que aun continuaría, o el supuesto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por funcionarios estatales, y que pudieron haber originado su intervención”.
Según la nota redactada por el periodista Marcelo Hugo Helfgot, Crous durante su discurso apuntó a “resaltar las estrategias adoptadas para reducir el impacto del Covid 19 en todos los niveles de la Administración Pública Nacional, sobre todo en lo referido a la transparencia en los procesos de compras y contrataciones, con especial atención al sector de Salud” y resaltó la nueva enunciación del Plan Nacional Anticorrupción, “promoviendo su ampliación en concordancia con los principios de alto nivel para el desarrollo de la implementación de estrategias nacionales anticorrupción adoptadas”.
Las respuestas acordes fueron:
-La Oficina Anticorrupción realiza regularmente estudios, prepara diagnósticos, interviene en varios procedimientos de contratación, propone políticas generales para mejorar la transparencia en los procesos públicos de adquisiciones y contrataciones. No se desarrolló ningún mecanismo específico para emergencia pública, ya que las funciones de este organismo gubernamental pueden realizarse con la misma eficacia que en un contexto normal.
-Los países del G20 podrían fortalecer su cooperación en los foros, fomentar las sinergias ente Estados, organizaciones internacionales y grupos de trabajo, con el fin de evitar una superposición de esfuerzos en cuanto a la presentación de informes, especialmente en contextos de pandemia.
-La pandemia ha demostrado la importancia de contar con fuertes controles anticorrupción y salvaguardas preventivas, y que las futuras medidas deberán tomar en consideración su aplicación a través de instrumentos digitales y / o remotos.
-Creemos que todos los temas definidos como “prioritarios” por el ACWG en 2020, son relevantes para la prevención de la corrupción en el contexto de una crisis pandémica global.
-Lineamientos para la publicidad de información sobre contratos en trámite o ejecutados.
-Ley de Ética Pública, decretos y resoluciones que rigen el proceso de contratación de la Administración Pública Nacional.
Es dable destacar que en el último ítem, la OA se explayó pormenorizando sus “recomendaciones para fortalecer la integridad y transparencia en las contrataciones públicas realizadas en el marco de la emergencia por Covid-19” que fue publicada en mayo y recomienda “la limitación del uso de procedimiento de emergencia”.
