Este martes, la Fiscalía de Estado hizo efectivo el pedido a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que declare inconstitucional el decreto del Gobierno provincial para tomar deuda sin autorización legislativa.
El fiscal Fernando Simón presentó ante el máximo tribunal el pedido de nulidad del decreto 2502/22.
“Este organismo de control entiende que la emisión de títulos públicos propuesta en el proyecto de Decreto obrante a orden 04 no constituye, en su acepción estricta ni aún en su acepción más amplia, ya sea interpretada de manera literal, sistémica o finalista, una “reestructuración” de la deuda pública provincial, no encontrándose por tanto encuadrada en la autorización permanente otorgada por el art. 68 de la Ley de Administración Financiera N° 8.706 para concretar operaciones de crédito público”, resalta la denuncia.
“Al no contar con dicha autorización, es inconstitucional y debe ser declarado nulo, teniendo en cuenta además la gravedad institucional que reviste el invadir competencias de otro poder estatal“, agrega el documento.
