El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, denunció este jueves a funcionarios del oficialismo por la entrega ilegal de tierras públicas y privadas a integrantes del Movimiento Evita provincial.
En la denuncia penal presentada ante el fiscal Mariano Gabriel Miranda, el referente de Juntos por el Cambio los acusó de abusar de sus competencias en la función pública y cometer el delito de usurpación.
Lamentablemente, tras esta maniobra irregular e ilegal, se repartieron a 63 militantes un total de 23.000 hectáreas de tierras privadas e incluso parte de una Reserva Provincial, algo que es inaceptable y muy grave. https://t.co/RtXlWAMzCG
— Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 28, 2022
Morales presentó la denuncia contra tres funcionarios de la administración de Alberto Fernández. El citado Miguel Ángel Gómez, que se referencia en el Movimiento Evita y es parte del staff del ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias y Cecilia Iriarte, intendente del Parque Nacional Calilegua” que reporta a la Administración de Parques Nacionales.
El funcionario provincial escribió hoy en su cuenta de Twitter que rechazaba las acciones de los funcionarios nacionales que, “arrogándose atribuciones del gobierno de Jujuy, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”. La agrupación cercana al presidente Alberto Fernández tiene como funcionarios del Gabinete Nacional a sus principales referentes Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico.
La denuncia cuestiona la entrega de los terrenos a supuestos “poseedores tradicionales” por parte de estos funcionarios nacionales con una “manifiesta ilegalidad” y sin un sustento empírico.
Si bien Gerardo Morales confía en el diálogo con Julián Domínguez “la ocupación ilegal y el otorgamiento de títulos de propiedad ya se produjo provocando un delito reñido con la Constitución Nacional“. “Las constancias que a estos fines fueron tomadas en consideración por los funcionarios públicos denunciados consisten en meras declaraciones verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente, mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como poseedores tradicionales”, conformando un hecho de similares características a las que esta ocurriendo en el sur de nuestro país”, explicó el gobernador.
