La población joven de la Argentina representa el 42% de los inquilinos del país, en los conglomerados urbanos asciende a “70% de los hogares a cargo de personas entre 25 y 35 años que alquila”.
En la Argentina, 2,4 millones de hogares corresponden a inmuebles alquilados. “Esto representa el 18% del total de hogares del país”, destaca el informe elaborado por la mesa de Hábitat de la Fundación Pensar, el centro de políticas públicas del PRO.
Mayormente los alquileres se concentran en los centros urbanos: la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires aportan el 50%, mientras que otro 20% está en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El 55% de la población joven mendocina alquila, mientras que el porcentaje descienden a medida que aumenta la edad el 19% de los adultos y el 8% de adultos mayores.
“A nivel general, 4 de cada 10 hogares son habitados por jóvenes, es decir, están a cargo de una persona menor de 35 años. A su vez, dentro del segmento joven, la mayoría accede a la vivienda a través del alquiler”, destacó el informe.
Así, queda en evidencia que este fragmento de la población es la principal afectada por los aumentos anuales, entre 41% y 45% durante julio de 2021. Desde la fundación, señalaron que un hogar que pagaba $25.000 pasará a pagar en agosto $35.750. “A modo de ejemplo, esto en un sueldo de $80.000 significa un aumento de 13,4 puntos porcentuales, de 31,2% a 44,6 por ciento. Es evidente que implica una gran dificultad presupuestaria para cualquier argentino enfrentar estos niveles de ajuste de un mes al otro“, detallaron.
Lejos de aliviarse, anuncian que para el mes de agosto el índice de actualización -que corresponderá aplicar a quienes firmaron sus contratos en agosto del año pasado- rondará entre 46% y 48%, según un informe elaborado por la mesa de Hábitat de la Fundación Pensar.
Según detalló el informe, durante el 2020, en plena pandemia, el costo del alquiler aumentó “notablemente”, cuando casi por décadas sus aumentos nunca superaban al de la inflación. A principios de 2020, por ejemplo, un hogar inquilino promedio en la ciudad de Buenos Aires destinaba cerca de un tercio de su ingreso al pago de alquiler; hoy destina un 42%, explicaron.
A un año de la Ley de Alquileres
“En líneas generales, la ley tiene buenas intenciones”, dijo González Rouco, economista e integrante de la Mesa de Hábitat de Fundación Pensar. “La discusión que empezó en 2017/2018 vino a actualizar una regulación que hacía 30 años no tenía casi ningún cambio”, opinó. Sin embargo, tras un año de una sanción que parecía desembocar en beneficios para los inquilinos, la norma muestra ser de difícil cumplimiento ante la falta de control sobre la “discrecionalidad” que suele regir este tipo de contratos.
En la ley de alquileres se estableció que los contratos fijarían su aumento una vez al año en base al Índice Contratos Locativos (ICL) que es el promedio entre la inflación y los salarios. “A partir de la convertibilidad y la prohibición de indexación quedó todo en un gris. Entonces se dieron arreglos por izquierda que no eran ilegales, pero no terminaron de estar claros. Por eso la ley crea este indice y lo hace compulsivo”. Fue un intento de ordenar y poner una referencia para la evolución de precios en los contratos de alquiler.
El economista analiza que el hecho de que el aumento suceda una vez al año produce un “shock” en los inquilinos que de un momento a otro “el alquiler le va a aumentar un 46 o 48 %. Se puede pensar que entonces una renta de 25.000 pesos pasaría al siguiente mes a costar 37 mil pesos. El tema entonces es que los salarios no aumentan en esa proporción”.
Al momento de firmar un contrato, la búsqueda de garantes propietarios y el costo entre depósito, honorarios y primer mes de alquiler vuelven muy complejo el acceso a la vivienda para muchas personas. En la normativa vigente se flexibilizó el carácter de los garantes ya que pueden no ser propietarios. Sin embargo el hecho de que lo que se ofrezca es que el inquilino busque dos propuestas y el locador debe elegir.
Desde Fundación Pensar señalan que esta situación no colabora con la “discrecionalidad” de un propietario que “sin razón aparente” pueda rechazar lo que se le ofrece. Por eso sugieren que “se elabore algún programa para amplificar el uso de garantías no propietarias”. Lo cierto es que ni siquiera para el dueño son beneficiosas las propiedades como garantías ya que son de difícil ejecución mientras que “un seguro de caución o una garantía bancaria son infinitas veces más rápidas y fáciles de cumplir”, argumentan.
