Una de las tantas causas que complican al ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, se encuentra trabada en tribunales y no puede ser llevada a juicio oral.
Es dable destacar que a Lobos se le desafectaron tres inmuebles por no poder demostrar el origen del dinero con el cual los había adquirido.
El expediente en cuestión es el denominado Wanka S.A. En el mismo, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos se encuentra investigando los contratos de alquiler y los pagos con fondos del erario público para que funcione una planta elaboradora de asfalto, de operarios y vehículos de la empresa privada cuyo dueño es Rodolfo Núñez.
En el expediente que maneja la fiscal Susana Muscianisi, además de Núñez y Lobos, se encuentra imputado el arquitecto Federico Sampieri, aquel que ocupó la Secretaría de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente peronista.
Este expediente fue elevado a juicio, pero Nuñez y Sampieri plantearon la nulidad, algo habitual ciertamente.
Para que esta causa avance, la Justicia Penal debe fijar una audiencia para analizar los fundamentos que Lobos y Sampieri plantearon para que la causa no sea elevada a juicio oral y público.
Según cuneta Diario UNO, fuentes de Tribunales aseguran que en el momento dado, estos dos no presentarían argumento alguno tal como pasó en varias oportunidades con las causas de Lobos, como si esto fuese una estrategia para ganar tiempo y demorar el avance de la causa.
No es la única causa que tiene como protagonista a Lobos y que se encuentra demorada, de hecho, la Sala II de la Corte se encuentra pendiente de resolución de una apelación de condena que pesa sobre él y Claudia Sgro, su ex pareja, por fraude a la administración pública.
Musicianisi elevo a juicio oral la causa Wanka S.A. bajo la sospecha de que durante la administración de Lobos al frente de Guaymallén le pagó con fondos públicos a la empresa privada y de forma irregular una importante suma de dinero para trabajos y materiales con el fin de asfaltar las calles de ese departamento.
El dato es llamativo per se, ya que el dinero no podía salir del Municipio, sino que debía ser enviado por la cartera de Obras Públicas de la Nación.
Por otro lado, la Justicia investiga si la empresa asfaltó las calles que el departamento de Guaymallén abonó.
