Entre el ajuste, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las coberturas, la vejez dejó de ser un territorio de resguardo para convertirse en una experiencia de vulnerabilidad administrada. El problema excede las jubilaciones: compromete la idea misma de comunidad.
Hay épocas en que una sociedad revela su calidad moral no por la forma en que celebra el progreso, sino por la manera en que trata a quienes ya no pueden defenderse solos. En la Argentina de Javier Milei, la tercera edad se ha convertido en una frontera sensible donde convergen la economía, la cultura política y el modo en que una comunidad concibe la dignidad. No se trata solo de haberes previsionales, medicamentos o bonos extraordinarios. Distinto, en un plano más hondo, de la definición misma de qué lugar les asigna la sociedad a quienes ya han atravesado la vida laboral y hoy dependen, en distinta medida, del reconocimiento colectivo.
El problema, en este punto, no es únicamente fiscal. Es simbólico y social.
El gobierno ha impuesto una gramática pública en la que la austeridad aparece como virtud suprema, mientras toda forma de protección es tratada con sospecha. Bajo esa mirada, el jubilado deja de ser un sujeto de derecho para transformarse en un costo, una contingencia o una estadística.
Y esa operación, que puede parecer técnica en su formulación, produce una consecuencia cultural de largo alcance: debilita la idea de que la vejez merece resguardo por sí misma, y no como concesión coyuntural del presupuesto.
Joan Manuel Serrat, con la discreción de quienes suelen decir lo esencial sin elevar la voz, ha recordado que la vejez no es un resto del tiempo, sino una forma de memoria social. Prescindir de los viejos, en su sentido más profundo, equivale a empobrecer la comunidad, a mutilar una experiencia acumulada que da espesor a la vida democrática. La metáfora es poderosa porque remite a algo más que a la compasión, a la continuidad histórica. Una sociedad que desvaloriza a sus mayores corre el riesgo de romper el hilo que une las generaciones y de naturalizar la idea de que solo cuenta el presente inmediato.
Serrat insiste, con razón, en que la vejez es portadora de memoria.
Desde una perspectiva sociológica, el fenómeno es elocuente. La vejez siempre fue una categoría atravesada por relaciones de reconocimiento, dependencia y status. Cuando el Estado la desprotege, no solo reduce ingresos: altera jerarquías morales. El adulto mayor pasa de ser figura de autoridad simbólica a sujeto administrado por la escasez. Y ese cambio no ocurre en el vacío: se acompaña de un discurso público que exalta la autosuficiencia individual y mira con recelo toda demanda de protección. El resultado es un edadismo nuevo en su retórica, pero clásico en su efecto: convertir la fragilidad en una culpa.
La Argentina atraviesa, además, un envejecimiento poblacional que vuelve todavía más grave esta deriva. El aumento de la esperanza de vida, lejos de traducirse en más bienestar, se encuentra con un sistema previsional tensionado, una cobertura sanitaria desigual y una estructura de cuidados insuficiente. La consecuencia es visible: la longevidad crece, pero la calidad de vida no acompaña en la misma medida. De allí que la discusión sobre la tercera edad no pueda reducirse a un debate presupuestario. Tiene que pensarse como una cuestión de diseño social, de prioridades públicas y de obligaciones intergeneracionales.
En ese contexto, el ajuste no es un mero instrumento de estabilización: se transforma en una tecnología de selección social. Golpea sobre todo donde la capacidad de recomposición es menor. Los mayores, por definición, cuentan con menos margen para absorber una caída brusca de ingresos, un aumento de medicamentos o una pérdida de cobertura. Cuando el poder adquisitivo se erosiona y el sistema de salud se vuelve más restrictivo, la exclusión deja de ser abstracta y se vuelve doméstica: se expresa en la mesa, en la farmacia, en la calefacción, en la movilidad, en la soledad.
Hay también una dimensión política que merece atención. El trato dispensado a los jubilados funciona como un mensaje hacia el conjunto social: el contrato de protección puede ser revisado en cualquier momento y la vulnerabilidad no genera más derechos, sino más exigencias de adaptación. Es una forma de pedagogía institucional que disciplina desde abajo. Si quienes aportaron durante décadas quedan expuestos a la precariedad, el resto de la sociedad aprende una lección inquietante: el esfuerzo no garantiza resguardo, y la promesa del Estado es siempre reversible.
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Serrat insiste, con razón, en que la vejez es portadora de memoria. Y esa idea resulta especialmente pertinente en un país que parece empeñado en discutir el futuro como si pudiera hacerlo sin pasado. La memoria no es un ornamento cultural: es una condición de la política democrática. Allí donde se desprecia a los mayores, se debilita la transmisión de experiencia, se desordena la escala de valores y se empobrece la conversación pública. El desprecio por la tercera edad no expresa modernidad; expresa una forma empobrecida de imaginar la modernidad, reducida a eficiencia, a velocidad y a descartabilidad.
Una nación seria no mide su éxito por la dureza de su ajuste, sino por la capacidad de proteger a quienes ya hicieron su parte. La verdadera prueba de civilidad está en garantizar que la vejez no sea una etapa de degradación material y simbólica, sino de reconocimiento. Cuando eso falla, el problema no es solo de política social. Es de cultura democrática. Y ahí reside, quizá, la crítica más severa que puede formularse al gobierno: no haber entendido que el modo en que una sociedad cuida a sus mayores dice mucho más sobre su porvenir que cualquier declaración de principios.
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