La Justicia va a fondo y pidió información sobre los contratos de la empresa de la esposa de Adorni

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene a maltraer al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el juez Ariel Lijo pidió al Grupo Datco; a National Shipping S.A, y a la firma Foggia, que presenten todas las facturas y documentación ligada a la consultora +BE, perteneciente a Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

Por medio de esta acción, Lijo intenta determinar si la mujer del funcionario se vio beneficiada por el Gobierno a través de contratos irregulares. 

En este contexto, según fuentes judiciales, es clave recabar toda la información vinculada a la facturación y a la relación comercial que tienen las firmas  mencionadas con Angeletti, a fin de conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están ligadas con diversas entidades del Estado Nacional.

El Grupo Datco, por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIPAySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.



Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una empresa naviera abocada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, y es considerada una de las proveedoras principales de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa guiada por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la encargada organizar todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, fue la que impulsó esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos del Estado.

En el texto judicial se menciona un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos.

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