Un grupo de abogados, encabezados por la Dra. María Eugenia Talerico, Marta Elsa Nercellas y Daniel Alberto Sabsay, presentaron en los últimos días una denuncia penal contra el actual ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
Las acusaciones abarcan una serie de presuntas violaciones, que van desde el Código Nacional Electoral hasta la Ley de Financiamiento de Campañas, pasando por abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la Administración Pública y malversación de caudales públicos.
VER: Sergio Massa se pedirá licencia y se aleja del Ministerio de Economía
Según los denunciantes, Massa habría utilizado la asombrosa suma de 15.000 millones de dólares en su campaña electoral, un acto que ahora deberá ser examinado por la justicia. La denuncia no solo se centra en el monto exorbitante utilizado, sino también en el presunto impacto negativo que estas acciones han tenido en variables económicas clave del país.
🚨 Denunciaron a Sergio Massa por malversación de fondos.
Al ministro de Economía se lo acusa de utilizar 15 mil millones de dólares durante la campaña electoral.
🔷 Lo cuenta @alfleuco en #ElDiarioDeLeuco. pic.twitter.com/7IckDStKhB
— La Nación Más (@lanacionmas) November 22, 2023
“La denuncia apunta al cuidado de los roles institucionales de la Argentina. Pareciera que vale todo, pero no es así“, destacó la Dra. Talerico, resaltando la importancia de mantener la integridad de las instituciones en el país.
En el comunicado presentado ante la justicia, se detallan las principales variables económicas que los denunciantes consideran legado del aspirante presidencial en el ministerio de Economía.
Entre estas se incluyen la inflación anualizada, el aumento de la pobreza, las reservas ajustadas del Banco Central, el incremento del endeudamiento público, el aumento de la brecha cambiaria y el déficit fiscal, entre otras.
Los denunciantes sostienen que Sergio Massa violó los deberes confiados a él, no por errores o negligencia, sino por un “temerario actuar y violación flagrante de los deberes a cargo, incluidos los deberes éticos impuestos por la ley de ética en el ejercicio de la función pública“.
