El presidente Javier Milei delegó en el ministro de Economía, Luis Caputo, el control de todos los fondos fiduciarios. Además, le encomendó realizar una auditoría integral de gestión de los recursos.
Mediante el Decreto 215/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se designó al Ministerio de Economía “como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.
Se estableció que en los casos en los que el Congreso de la Nación “haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del Ministerio de Economía, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo le encargó una auditoría de todos los fondos a la cartera económica, al determinar que “con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar, dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.
En qué consisten los fondos fiduciarios
Los fondos fiduciarios son fideicomisos públicos, que sirven como herramienta para financiar obras y proyectos por parte de los gobiernos. El mecanismo de funcionamiento consiste en que el Gobierno, a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante), transfiere bienes o millonarias sumas de dinero a entidades, por lo general bancarias (fiduciarios), para que administren esos fondos en beneficio del primero.
Actualmente existen 29 fondos fiduciarios, que se componen de dinero de impuestos, gravámenes o transferencias directas del Estado nacional. Durante el 2023, en el último año de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo, 16 de ellos recibieron más de US$1.000 millones.
