Imputaron a dos hombres, un argentino y un boliviano, por transportar tres kilos de cocaína entre Salta y Mendoza. La medida fue solicitada por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta. El juez federal Miguel Medina del Ministerio Público Fiscal aceptó el pedido de prisión preventiva requerido para ambos acusados, que residen en Guaymallén.
Los imputados, identificados como M.C.B., de nacionalidad boliviana, y H.A.R., argentino, fueron detenidos el 31 de enero a las 0.15 en un puesto de control de Gendarmería Nacional, ubicado en el cruce de las rutas 30 y 16, en la localidad de Joaquín V. González, a 213 kilómetros de la capital salteña.
Al presentar el caso, Amad, asistido por la auxiliar fiscal Josefina Vargas, dio detalles del procedimiento realizado por una patrulla de gendarmes del Escuadrón 45, que detuvieron el Chevrolet Prisma en el que se movilizaban los acusados, el cual era conducido por el argentino.
El fiscal precisó los dos hombres circulaban de norte a sur procedentes de la localidad Orán, ubicada a 261 kilómetros al norte de la capital de Salta. Al ser consultados respecto a su destino, dijeron que iban hacia Salta, lo que llamó la atención, ya que no lo hacían en la dirección correcta, sino iban hacia Metán, al sur de la provincia.
Al advertir esta situación, los agentes procedieron a un control más exhaustivo, lo que generó nerviosismo tanto en el conductor como en el pasajero. Enseguida, señaló Amad, los gendarmes notaron que al bajar un bolso de mano, perteneciente al pasajero, tenía un peso excesivo. Asimismo, detectaron una irregularidad en la documentación del vehículo, por lo que solicitaron autorización judicial para trasladar el automóvil a la base en Joaquín V. González, donde, ya con la presencia de testigos civiles, dieron con tres paquetes de cocaína con un peso total de 3 kilos 235 gramos.
Con todas estas pruebas sobre la mesa, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal por el delito de transporte de estupefacientes, como así también pidió un plazo de investigación de 25 días, y la autorización para avanzar con las pericias técnicas pendientes, entre ellas las dispuestas en torno a un teléfono celular secuestrado a uno de los acusados, reflejó el sitio Fiscales.
Como mecanismo de defensa, el chofer, presentado por el defensor público Agustín Mogaburu, sostuvo que fue contratado por el otro imputado para realizar el viaje por un monto de 10 mil pesos. Esta propuesta la aceptó sin conocer que el pasajero iba a buscar droga.
Posteriormente dio detalles del viaje, la ruta que tomó y los gastos realizados. Además, indicó que viajaron sin ingresar a localidades o ciudades, y que sólo se detuvieron un par de horas para dormir en una estación de servicio, siendo guiado en todo momento por el otro hombre.
Agregó que al llegar a Orán, el acompañante se fue por poco más de media hora, tras lo cual regresó y en seguida emprendieron el regreso, sin conocer que aquél llevaba los paquetes con cocaína en el bolso de mano.
En base a este relato, el defensor solicitó la prisión domiciliaria de su defendido, a quien consideró ajeno a la maniobra.
Entre sus expresiones, relativizó el riesgo de fuga por falta de dinero para financiarla, aduciendo que tampoco lo haría, ya que está vinculado a sus familiares. Por otra parte, rechazó también cualquier posibilidad de que entorpezca la investigación, pues reside lejos del objeto del caso. La otra defensa, en tanto, no objetó los planteos de la fiscalía.
Por su parte, Amad, que ya había planteado como medida de coerción la prisión preventiva de ambos acusados, rebatió los argumentos de la defensa. “Es muy prematuro para sostener que no tiene nada que ver, aún restan verificar muchos datos, entre ellos el informe de la pericia del teléfono celular secuestrado”, resaltó en la audiencia.
Sobre el supuesto escaso riesgo de fuga aludido por la defensa, el representante de la justicia añadió que tampoco puede dar crédito a tal aseveración. En cuanto al arraigo, otro de los argumentos esgrimidos por la defensa, el fiscal señaló que los datos presentados al respecto aún no son claros, ya que no hay verificación de vecinos respecto al domicilio aportado. También le llamó la atención las condiciones esbozadas por el acusado.
Resaltó, a su vez, que aún resta conocerse el reporte de la pericia sobre el teléfono y otras pesquisas más, por lo que insistió en que se mantenga la detención bajo prisión preventiva de los acusados.
Tras analizar cada una de las pruebas presentadas, el juez Medina formalizó la imputación penal, como así también dictó la prisión preventiva para los acusados en los términos solicitados por la fiscalía.
