Hipocresía: a algunas víctimas de la represión se las homenajea, mientras que a otras se las oculta

Este domingo se cumple un nuevo aniversario de uno de los hechos que marcó la historia reciente de la Argentina: el estallido social del 2001 que terminó con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Como conmemoración a 20 años del hecho, el gobierno nacional ha decidido realizar un acto en homenaje a las víctimas de la represión policial desplegada en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre.

Cuatro fueron las personas que perdieron la vida en manos de la brutalidad de los efectivos durante las protestas que se sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires: Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez. Cientos de manifestantes resultaron gravemente heridos. Volver a repasar las imágenes basta para entender la crueldad con que se atacó a un pueblo que pedía a gritos: ¡BASTA!.

El homenaje irá un poco más allá, y trascendió que será el propio presidente Fernández quien enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un beneficio reparatorio, en concepto de indemnización, a los familiares de las victimas o a las personas que hubieran sufrido graves lesiones como consecuencia de la represión. Aseguran que la iniciativa “incluye a las víctimas, y a sus familiares de todo el país que han quedado muy desprotegidos”.

VER TAMBIÉN: Fernández encabezará un acto en homenaje a las víctimas de la represión del 2001

No sin polémica de por medio, a simple vista no cabrían críticas para un homenaje y una conmemoración que se impone por su propio peso histórico. Sin embargo, la miseria de la política logra imponerse una vez más y el tufillo a conveniencia vuelve a enrarecer todo.

Y es que un acto para tal fin pierde toda fuerza y sentido, y sólo se lee como un “discurso para la platea” si se comprende el contexto en el que sucede: el mismo país en el que hoy la policía reprime sin piedad al pueblo de Chubut. Claro. Sin cobertura mediática, y mucho menos política. Ni hablar del más mínimo repudio. Sino lo peor que puede suceder en estos casos: la ignorancia absoluta, la invisibilidad más violenta.

Y claro, no sucede en el corazón del país y no se trata de manifestaciones apuntadas contra un enemigo opositor. No. Poco más de 1700 kilómetros entre CABA y Chubut son suficientes para no escuchar los estruendos de las armas que apuntan a los vecinos chubutenses que sintieron la traición de una casta política que busca entregar uno de sus recursos más preciados: el agua. Que el gobierno provincial y el nacional compartan signo político bastan para silenciar la verborragia rutinaria de los adeptos.. Que la megaminería sea lo que se busca imponer a fuerza de balas basta para que sectores opositores al gobierno provincial y nacional hagan mutis por el foro y que los grandes medios de comunicación no tengan placas rojas ni móviles en vivo desde el lugar.

Entonces, la lógica es simple: hay represiones y “represiones”.

El pasado miércoles la Legislatura de la provincia sureña aprobó una ley de zonificación minera. El polémico proyecto, criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, fue aprobado por 14 votos afirmativos y 11 diputados provinciales que se pronunciaron de forma negativa.

https://twitter.com/LeMaquiavelo/status/1472350739741622276

La reacción de los chubutenses no tardó y salieron a manifestarse a las calle, pidiendo al gobernador Mariano Arcioni que vetara la ley. Sin embargo, quien en 2016 se manifestaba en contra del extractivismo, ahora doblegó a sus propios votantes y promulgó la resistida ley.

Los diarios y los medios mostraron la noticia sobre los incendios ocasionados por los manifestantes en la Casa de Gobierno de Chubut y otros edificios gubernamentales, en su búsqueda de “justificar” el accionar policial. Lo que no mostraron es que previamente dispararon a personas, a familias enteras que se manifestaban.

Cacería, disparos al frente de casas, policías infiltrados, una fórmula que no parece fallar.

 

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