Este lunes, la Suprema Corte estableció la constitucionalidad de la prisión perpetua en Mendoza, luego de la votación que terminó 7 a 0.
En ese contexto, Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, habló con Radio News en el ciclo que conducen Christian Sanz y Claudia Durán: “Hice una lectura muy veloz de la sentencia, que es muy trabajada, que es muy coincidente con mi trabajo, con los argumentos que presenté hace unos meses”, inició su alocución el letrado.
En tal sentido agrega que “además es importante tener en cuenta que dada las modalidades de la Corte de vuestra provincia, se dio una audiencia pública y es muy positivo y se menciona en la sentencia”.
La Suprema Corte de Mendoza «decretó» que la prisión perpetua es constitucional
Respecto de su lectura como abogado constitucionalista explica que “el poder de punición de un Estado debe seguir las características que aparecen en el artículo 18 de la Constitución y que se complementa con el artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica y no se habla de límite para una pena sino que hay un señalamiento que indica que las cárceles no son para castigo sino para la seguridad de la población”.
En ese sentido, consideró que “no podemos permitir que queden sueltas aquellas personas que hayan demostrado la voluntad y el haber delinquido y la prisión perpetua está dispuesta para delitos gravísimos”.
“La Corte declara la constitucionalidad de la prisión perpetua, se puede leer, es de fácil lectura, pero llama la atención que nuestro sistema no da la posibilidad de la rehabilitación. Los presos están en condiciones negativas y se exhorta al Ejecutivo provincial y al nacional poner en marcha medidas que permitan revertir esta situación” añade el especialista.
En tal contexto, rememoró: “Recordemos que en el caso Verbitsky se hizo lugar a un habeas corpus colectivo para mejorar las condición de las cárceles y no se hizo nada” por lo que aclaró que “esta es la esencia del fallo y es lo que en su momento yo les expresé”.
Al ser consultado sobre el por qué hay quienes dicen que la perpetua debería ser inconstitucional, explica que “hay una posición ideológica muy fuerte que es el abolicionismo y hay una interpretación de tipo sociológico y se explica que toda persona que delinque es víctima de la sociedad y encarcelarlo es una revictimización”.
Agrega, entonces, que “la víctima tácitamente resulta culpable mientras que el que delinque se convierte en víctima” con la ideología antes mencionada, que “es la que permite, no solamente declarar inconstitucional la prisión perpetua, sino que permite la liberación masiva y hay cientos de casos que reinciden, en la pandemia se liberaron más de mil presos por un solo juez, que es el juez Violini”.
“Cada caso, cuando se da una libertad domiciliaria, debe ser analizado individualmente, debe escucharse a la víctima o parientes de la víctima y hacer un análisis ambiental, y eso no se hizo y se liberó en masa” explicó, añadiendo que “eso viene de la mano del zaffaronismo”.
Sobre la idea que corre sobre los corrillos políticos respecto de poner un tribunal intermedio que le quite poder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mencionó que “es absolutamente anticonstitucional y no existe en ningún lugar del mundo la corte paralela, no resiste el mínimo análisis”.
Sobre la comparación que hizo Alberto Fernández sobre España explicó que “el Tribunal de Garantías Constitucionales de España practica un sistema diferente al nuestro, nosotros tomamos de Estados Unidos el control difuso, ellos toman uno controlado”.
Aseguró que “para modificar eso hace falta una reforma constitucional, es imposible hacerlo por ley” y que “en primer lugar no es el Poder Ejecutivo el que revisa la justicia, quien debe reformar a través de leyes es el Poder Legislativo. Es más, el presidente no puede intervenir jurídicamente y lo dice el artículo 109”.
“El interés es la impunidad de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández) y sus adláteres, los abogados” han ido a la Corte “en el medio de los procesos y no se permite, la Corte Suprema se expide al final”, analizó Sabsay.
Aseguró que el proyecto de reforma judicial “no es para beneficiarnos, es para beneficiarse ellos y nos perjudica a todos porque en un país que no se busca la verdad es un país de cuarta”.
