La Cámara de Senadores comenzó con el tratamiento del proyecto de ley para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración minera de litio “Don Luis y Otro”. Se realizó una reunión Conjunta de las Comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y LAC con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre, el director de Minería Jerónimo Shantal y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, como así también de los senadores integrantes de las Comisiones. La iniciativa se seguirá debatiendo en Comisiones del Senado.
La vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia institucional de esta instancia: “Estamos dando cumplimiento a lo que marca nuestra ley, con total transparencia y rigurosidad. Mendoza tiene la oportunidad de desarrollar una minería responsable que conviva con el ambiente y genere el crecimiento económico que tanto necesitan San Rafael y Malargüe. Este es el camino para diversificar nuestra producción con seguridad jurídica”.
El inicio del debate legislativo
La senadora Yamel Ases, presidenta de la Comisión de Ambiente, encabezó el plenario junto a Whalter Marcolini (LAC) y Jésica Laferte (Hidrocarburos). Durante la apertura, Ases explicó: “Damos inicio a esta primera comisión conjunta entre LAC, Minería y Ambiente para tratar el expediente 82960. Recibimos a la ministra de Energía y Ambiente y a su equipo para conocer el contenido de la resolución conjunta que aprueba la declaración de impacto ambiental en estos departamentos del sur”.
Por su parte, la ministra Jimena Latorre puso énfasis en el carácter técnico del debate: “Los proyectos de impacto ambiental tienen un contenido que amerita estas sesiones informativas. Estamos a disposición para que los legisladores conozcan todo el expediente y los informes. Este es un proyecto de exploración de litio que se amplió para abarcar más territorio, lo que nos llevó a someterlo nuevamente a todos los informes técnicos y de participación ciudadana”.
“El proceso incluyó evaluaciones técnicas, dictámenes de múltiples organismos sectoriales, una visita técnica al yacimiento y dos Audiencias Públicas: una en San Rafael y otra en Malargüe”, destacó Latorre. “Es producto de un trabajo extenso y sigue todos los pasos marcados por la Ley 7722 y las leyes ambientales”, agregó.
Marco legal y respaldo técnico
El director de Minería, Jerónimo Shantal, detalló la normativa que respalda el proceso: “Cumplimos estrictamente con el artículo 3 de la Ley 7722, el Acuerdo de Escazú y el Decreto 820/06. Este proyecto es un joint venture entre la histórica empresa familiar ‘El Jarillal’ de San Rafael y ‘Ampere Lithium’. Es un trabajo conjunto que regula la gestión de los expedientes y los planes de manejo para la actividad de exploración, garantizando que cada paso cumpla con el código de procedimiento minero”.
Shantal también recordó que el proyecto incluye 25 propiedades mineras y que se ha realizado un seguimiento exhaustivo de la empresa proponente, la cual cuenta con todos sus permisos al día en su histórica explotación de sales.
Participación ciudadana y control ambiental
Finalmente, Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, remarcó la solidez del proceso administrativo: “El área de estudio abarca más de 234.000 hectáreas. La DIA ingresa a esta Casa con análisis de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y dictámenes de organismos como Irrigación, Vialidad, Áreas Protegidas y el INAI”.
Fernández subrayó la transparencia del proceso: “Se realizaron dos audiencias públicas, en San Rafael (2024) y Malargüe (2025), donde más de 100 inscriptos pudieron expresarse. Además de la instancia oral, permitimos que los ciudadanos presentaran sus inquietudes por escrito después de la audiencia, y a cada una se le ha dado respuesta técnica. El cumplimiento de la normativa vigente es absoluto”.
Un proceso con amplia participación institucional
El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, y el área de estudio abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas.
La DIA ingresa a la Legislatura con todos los documentos técnicos y análisis sectoriales, que incluyeron a la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.
Además, el proceso incluyó una visita técnica al sitio donde se planifica la exploración, y la realización de dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael y la segunda el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe, garantizando la participación ciudadana en ambas instancias.
Qué dice la DIA aprobada por la Autoridad Ambiental Minera
La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) y la Dirección de Minería establece que el proyecto ha cumplido con los requisitos técnicos y legales para su etapa de exploración. En cumplimiento de la ley, su aplicación plena requiere la ratificación por parte de la Legislatura provincial.
Previo al tratamiento legislativo, la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente estableció un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse de manera estricta. Entre ellas, se incluyen la actualización de la línea de base ambiental, la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, la obtención de permisos sectoriales y la constitución de seguros ambientales.
También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.
El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.
