El Gobierno nacional determinó que las empresas no estarán obligadas a realizar aportes compulsivos a cámaras empresariales, una práctica que hasta ahora se había implementado a través de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). La medida se formalizó con un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicado este miércoles 5 de marzo en el Boletín Oficial.
Hasta el momento, diversas cámaras patronales se basaban en una interpretación amplia de la Ley 14.250 para instrumentar el cobro de contribuciones a empresas del sector, estuvieran o no afiliadas a ellas. Sin embargo, según el decreto, esta práctica no tiene sustento normativo y, por lo tanto, no puede ser impuesta de manera obligatoria.
Desde el Ejecutivo explicaron que este tipo de aportes han sido motivo de polémica en varios sectores productivos y de servicios, siendo el caso del comercio uno de los más notorios. Se estima que, mediante este mecanismo, los establecimientos mercantiles debían pagar $6.000 millones por mes en concepto de “capacitación”, con una contribución equivalente al 0,5% del salario de cada trabajador (aproximadamente $5.000 mensuales por empleado).
La medida impactará en entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que hasta ahora se beneficiaban de estos ingresos.
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En el ámbito industrial, también se habían registrado conflictos por aportes obligatorios. Un caso emblemático es el de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que exigía un aporte equivalente al 1% de la masa salarial de las empresas del sector, lo que representaba aproximadamente $2.500 millones mensuales.
A partir de ahora, las empresas que deseen seguir aportando podrán hacerlo de manera voluntaria, pero el Gobierno ya no homologará convenios colectivos que impongan estas contribuciones como obligatorias.
