El control de los fondos públicos resulta ser un tema de constante conflicto en el último tiempo, tanto a nivel nacional como provincial, y ahora parece que un nuevo frente se abre entre el Gobierno de Alfredo Cornejo y una serie de municipalidades que comenzaron lenta pero sostenidamente a cuestionar la estructura coparticipable de Mendoza.
Este conflicto es la exhibición más explícita del debate sobre los modelos de gestión, con un gobierno provincial que apuesta por la descentralización o “municipalización” de los servicios, mientras que una serie de comunas advierten que no cuentan con el respaldo financiero para sostenerlos.
El detonante de este debate tiene que ver con la aprobación de la ley que traslada la gestión del arbolado público a los departamentos, una tarea que, en una provincia con acequias y fuerte presencia verde, conlleva una utilización presupuestaria a gran escala.
No son pocos los que comienzan a elevar la voz, de diversos signos políticos, pero los más ruidosos provienen de departamentos opositores, como los casos de Matías Stevanato en Maipú y Omar Félix en San Rafael.
El argumento de las municipalidades se centra en que la provincia, al enfrentar su propio ajuste frente a la gestión del presidente Javier Milei, opta por tercerizar el costo de mantenimiento de servicios básicos.
Para los jefes comunales, la discusión por el Coeficiente de Equilibrio Regional, el índice que regula el reparto de fondos, es una urgencia que quedó desfasada frente al crecimiento demográfico real de los últimos años, dejando a ciertos distritos con menos recursos per cápita de los que necesitan para operar.
Sin embargo, desde la Casa de Gobierno, la perspectiva es diametralmente opuesta y se defiende con la bandera de la responsabilidad fiscal, siendo que, para la gestión de Cornejo, Mendoza se destaca por tener uno de los sistemas de reparto más automáticos y transparentes del país, lo que, aseguran, garantiza previsibilidad a los intendentes independientemente de su color político.
Para el mandatario provincial, la descentralización de este tipo de servicios se basa en la necesidad de modernizar el Estado, donde los municipios, por su proximidad, son los ejecutores más aptos a la hora de resolver problemas de infraestructura local.
Es justamente bajo esta lógica que el Gobierno mendocino instó a las comunas a optimizar sus propias matrices de recaudación y a gestionar con mayor austeridad, evitando la dependencia absoluta de los recursos provinciales en un contexto de escasez que golpea a la provincia en términos generales.
Este conflicto parece tener una especie de derrame, ya que por un lado se encuentra el Gobierno provincial que necesita mantener el orden de las cuentas para financiar otras obras, como es el caso del Metrotranvía, y por el otro, el enfrentamiento entre intendentes y vecinos que reclaman servicios de calidad.
Un dato que no puede pasar desapercibido y que parece no darle la razón a las comunas opositoras, es que, por ejemplo, Guaymallén, del mismo color político que el Gobierno provincial, fue una de las provincias más afectadas por el Coeficiente de Equilibrio Regional en comparación con otros distritos menos poblados.
Pero en definitiva, lo que habrá que determinar es si el actual esquema de coparticipación sigue siendo una herramienta eficiente o si precisa puntuales modificaciones.
Lo que sí quedó en claro es que la relación provincia-municipios comenzó a evidenciar una suerte de etapa de negociación forzada, donde los números serán el factor central a la hora de evitar que los servicios públicos se vean afectados para todos los ciudadanos mendocinos.
