El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, generó controversia al aprobar un decreto que otorga al Estado argentino la responsabilidad de financiar los servicios de seguridad y guardaespaldas del propio mandatario, tanto a nivel nacional como internacional. La medida se publicó este sábado en el Boletín Oficial a través del decreto 735/2023.
La disposición modifica varios decretos anteriores, incluyendo los de mayo de 2004, diciembre de 2019 y febrero de 2020, para ajustar los “objetivos de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.
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Entre las modificaciones más destacadas, la normativa establece que la Casa Militar será la encargada de proveer la seguridad no solo del presidente en funciones, sino también del vicepresidente, exmandatarios y sus familiares directos.
Además, se extiende la protección a la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del presidente y su familia.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 14 del decreto, que indica que los efectivos de la Policía Federal Argentina asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo el control operacional de la Casa Militar, específicamente a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia.
