Pedro Esteban Morales Anisco, conocido como el Piter y considerado el “enemigo público número 1 de Mendoza por las autoridades policiales”, intentó con sus abogados que se cayera la causa federal por lavado de activos que lo tiene como uno de los principales acusados, pero no lo consiguió. El juez de la Cámara Federal de Apelaciones Sebastián Soneira rechazó este viernes el planteo presentado por las defensas y resolvió que la causa debe continuar su curso.
El planteo había sido impulsado a partir de una discusión sobre los plazos de la investigación. Morales Anisco y otros acusados entendían que la instrucción había excedido los tiempos previstos por el Código Procesal Penal de la Nación y que, por ese motivo, debía caer lo actuado. La mayoría de las defensas de los 18 imputados había acompañado la impugnación luego de la audiencia de acusación realizada el 29 de julio, que fue revelada por El Sol, al igual que el resto de la pesquisa.
Pedro Esteban Morales Anisco, el interno que para el Gobierno se convirtió en el “enemigo público número 1” de Mendoza, volvió este miércoles a quedar frente a la Justicia federal. El líder del módulo 4.1 del Complejo Penitenciario Almafuerte sumó nuevos…
El planteo llegó este jueves a la Cámara de Apelaciones y fue analizado por el juez Soneira. Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Lucas Parisi solicitó que el recurso fuera rechazado y defendió la continuidad de una instrucción que demandó meses de trabajo con la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y que tiene como eje una presunta estructura dedicada a generar dinero mediante diferentes maniobras delictivas en el interior de la cárcel de Almafuerte y también con nexos en diferentes puntos del Gran Mendoza (principalmente en el barrio Grilli Sur de Guaymallén) y posteriormente introducirlo en el circuito económico formal.
Después de escuchar la posición del Ministerio Público Fiscal, Soneira decidió tomarse un día para resolver. Finalmente, este viernes al mediodía dio a conocer su decisión y no hizo lugar al planteo de Morales Anisco y el resto de los acusados. De esta manera, la causa continuará abierta y las medidas de investigación y las actuaciones realizadas hasta el momento mantienen su validez.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la complejidad del expediente, detallaron fuentes del caso a este diario. El magistrado consideró que se trata de una investigación con una gran cantidad de hechos y personas involucradas, una circunstancia que justificaba que los tiempos se extendieran más allá de los plazos habituales previstos para una causa de estas características.
Para Soneira, los tiempos utilizados por el Ministerio Público fueron razonables, necesarios y estuvieron justificados por las características de los delitos investigados. De esa manera, descartó el argumento de las defensas que buscaban que el vencimiento de los plazos tuviera como consecuencia el cierre de la pesquisa.
El juez también destacó que la causa no avanzó sin control judicial. Según explicó en su resolución, las distintas prórrogas fueron sometidas a consideración del juez de primera instancia o de Garantías, Alberto Daniel Carelli, quien había hecho lugar a esos pedidos durante la primera audiencia, a solicitud del auxiliar fiscal.
Ese control judicial fue otro de los elementos considerados para rechazar el planteo. Para Soneira, la extensión de los plazos no implicó una afectación de las garantías constitucionales de los imputados y, por lo tanto, no existían motivos para invalidar lo actuado durante la investigación.
De esta forma, la resolución permitió que siga adelante una causa que tiene a Morales Anisco señalado como uno de los principales referentes de una presunta estructura que operaba desde el módulo 4.1 del complejo penitenciario ubicado en Cacheuta.
Según la acusación, desde el penal se habrían coordinado estafas virtuales y la comercialización de drogas, mientras que personas que permanecían en libertad cumplían distintas funciones vinculadas con el movimiento del dinero.
El caso por lavado se inició a partir del seguimiento de las operaciones financieras atribuidas al entorno del Piter, un “pluma” (así se llaman a los referentes) que ganó poder en los últimos años gracias a la corrupción penitenciaria.
Ángel Daniel Corbera se entregó. Tenía pedido de captura porque no se había presentado cuando lo citaron, pero los caminos se cerraron en los últimos días. Este hombre, conocido en Guaymallén desde hace muchos años, aparece en uno de los expedientes…
Los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, cuentas bancarias, billeteras virtuales y movimientos de dinero.
Uno de los datos incorporados al expediente fue el movimiento de más de 469 millones de pesos a través de una cuenta vinculada a Jorge Luis Bastías, con fondos provenientes de cientos de remitentes diferentes.
La hipótesis de la PCN y el auxiliar fiscal sostiene que ese dinero era distribuido mediante diferentes cuentas y operadores para dificultar el seguimiento de su origen y posteriormente darle apariencia lícita.
En ese esquema aparecen, entre otros acusados, Daiana Ayelén Giménez, pareja de Morales Anisco; Ángel Daniel Corbera, señalado como uno de los principales operadores externos; y otras personas vinculadas con la recepción, circulación y eventual reinserción de los fondos.
El rechazo del planteo no significa, de todos modos, que la discusión procesal haya terminado. Las defensas todavía podrían intentar llevar el planteo al ámbito federal mediante la presentación de un recurso, mientras que la investigación continuará con Morales Anisco y los otros acusados sometidos al proceso.
