Mientras el gobernador pasa unas agradables vacaciones con parte de su familia en Centroamérica, el Partido Justicialista empezó a moverse y a pedir explicaciones sobre el envidiable viaje que encaró el mandatario.
Tal cual relató News Online, a Rodolfo Suarez lo fotografiaron horas atrás en Aruba junto a su esposa, Fabiana Calleja, e hizo estallar por los aires a parte de la dirigencia peronista.
De hecho, el senador Rafael Moyano presentó un pedido de informes para conocer detalles sobre el viaje del radical al exterior.
En los fundamentos del requerimiento, Moyano resaltó que, “de acuerdo con investigaciones periodísticas de la última semana, no existe correlación entre los ingresos declarados por la familia del Gobernador y las teóricas expensas que debe tener en sus vacaciones en la República de Panamá”.
Además, remarcó que la licencia tomada por Suarez “da lugar a especulaciones y planteos que debilitan la imagen de las instituciones mendocinas, del asiento del gobernador y de la democracia como sistema político”. Argumenta además: “De acuerdo con la Ley Nº8.993 de Ética Pública, los miembros del Estado provincial estamos sujetos a un código de ética que nos compele a velar por la integridad y probidad nuestra y la de nuestros actos”.
Y recordó que el inciso 2 del artículo 4º de esa norma exige “desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, justicia, rectitud, buena fe, eficacia, responsabilidad, transparencia y austeridad republicana”.
“En ese aspecto, todos estamos alcanzados por la ley, y nosotros como legisladores y funcionarios debemos prestar especial atención a someternos a los lineamientos y principios generales de la ética pública y la legislación vigente”, añadió Moyano en el documento.
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Luego, aclaró: “Es por estos argumentos, y los que ofreceré oportunamente, que le solicito al cuerpo que me acompañe en la aprobación del presente pedido de informes”, dirigido a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de la Provincia y contenido en el expediente Nº79.414 de la Cámara Alta para ser sometido a la votación de todos los bloques legislativos en el recinto de sesiones.
Por último, explicó que lo requerido es a fin de saber “si existe alguna investigación de esa oficina relativa al Gobernador”, cuál es la declaración jurada presentada por él, cuál es su remuneración actual y “si existe correlación entre los gastos estimados y lo planteado en la declaración jurada”.