Este viernes, los senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner buscarán dictaminar a favor de un proyecto de ley para modificar la forma de elección del próximo procurador General de la Nación y bajar la mayoría calificada a una mayoría de 37 votos.
Se trata de un proyecto ambicioso, inquietante para los principales juristas de país. Porque refiere a una de las personas más importantes en el universo del Poder Judicial, el jefe de los fiscales. Justo en momentos en los cuales avanzan los expedientes contra la vicepresidenta por presunta corrupción.
En ese contexto, una de las figuras más importantes cuya silueta se deja percibir, es Anabel Fernández Sagasti, la principal espada de Cristina en el Senado de la Nación.
A su vez, la comisión de Justicia y Legislación Penal es presidida por el “valet” de Cristina, el neuquino Oscar Parrilli, encargado de la estrategia.
Ambos “laderos” de la expresidenta han puesto la lupa sobre la gestión del procurador interino, Eduardo Casal, a quien intentaron este año remover del cargo.
Sin esa vacante, el kirchnerismo avanzó en la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal hace menos de un mes pero esperaron al dictamen de la comisión de juristas convocada por Alberto Fernández después de un largo almuerzo entre Fernández y Parrilli en Casa Rosada y otra larga charla entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner.
El dictamen que se presentaría esta tarde tendría tres puntos centrales. El primero es el cambio de la mayoría para designar al Procurador que pasaría de los dos tercios de los votos a una mayoría absoluta de la mitad más uno de los senadores que integran el cuerpo. Sólo el bloque del Frente de Todos tiene 41 por lo que supera holgadamente, y sin necesidad de sumar aliados, el número mínimo de 37. No pocos juristas convocados a los debates de comisión en las últimas semanas cuestionaron este cambio. Sólo algunos invitados del oficialismo afirmaron que no les incomodaría esa posibilidad y que por el contrario incluso el Ministro de Justicia podría indicar al jefe de los fiscales la política criminal. Otros especialistas subrayaron que el Procurador necesita un fuerte respaldo en todo el país por lo que el apoyo de dos terceras partes de los senadores reflejaría un apoyo de gobernadores y distintas fuerzas políticas.
El segundo punto en el que en general ha habido coincidencias es en establecer un plazo para el mandato que hoy es vitalicio. Podría limitarse a cinco años.
Finalmente el tema que genera más rechazo es el número de votos necesarios para la remoción del jefe de los fiscales. Aunque el kirchnerismo planteó que podría fijarse también en una mayoría de 37 senadores, se analizaba no modificar los dos tercios. Varios son los motivos: el primero es que la comisión convocada por el Presidente sugirió un número alto y no habría ánimo de contradecirla, según varias fuentes del Senado. El segundo es que ni el Presidente ni su candidato para la Procuración, el juez Daniel Rafecas, aceptarían un cambio que condicione la independencia del jefe de los fiscales.
