El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva etapa de su agenda legislativa con foco en las reformas económicas. Este viernes ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el régimen de Inocencia Fiscal y, en las próximas semanas, el Ejecutivo enviará la iniciativa para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Ambos proyectos podrían coincidir en el Congreso con el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas más debatidas del oficialismo.
En La Libertad Avanza todavía no definieron el cronograma parlamentario, aunque la intención es convocar a una sesión especial hacia fines de agosto. Ese esquema permitiría que el Senado retome el debate sobre la ley de propiedad privada, cuya discusión quedó en suspenso luego de que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, dispusiera un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de respaldo de los bloques aliados. En los últimos días, la senadora mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para analizar modificaciones que permitan sumar apoyos.
Los cambios que propone la nueva Inocencia Fiscal
El proyecto que comenzará a debatirse en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal elimina una de las principales restricciones que contemplaba el régimen aprobado en diciembre. La nueva versión ya no exigirá que los contribuyentes tengan ingresos anuales inferiores a $1.000 millones ni un patrimonio menor a $10.000 millones para acceder al sistema. De esta manera, el beneficio quedará abierto para todas las personas humanas, sin importar su capacidad económica, aunque los Grandes Contribuyentes seguirán excluidos de las presunciones y efectos liberatorios previstos por la ley.
La iniciativa también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a rechazar una declaración simplificada. Solo se considerará una diferencia relevante cuando supere el 15% del impuesto determinado y, además, represente más del 5% del mínimo establecido por la Ley Penal Tributaria, actualmente fijado en $5 millones. En esos casos, el contribuyente dispondrá de un plazo de 15 días para corregir la declaración, pagar la diferencia y mantener los beneficios del régimen.
Uno de los puntos que promete mayor debate es la posibilidad de que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas puedan adherir al sistema. La discusión tomó fuerza tras la presentación de la declaración simplificada de Ganancias por parte del exvocero presidencial Manuel Adorni, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Legisladores de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya impulsaron proyectos para excluir a funcionarios del beneficio, aunque en el oficialismo consideran poco probable introducir cambios y confían en repetir la mayoría que permitió aprobar la ley original.
La reforma del Banco Central
El segundo proyecto económico será presentado por el propio presidente Milei y apunta a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. El eje central será reforzar la independencia de la autoridad monetaria mediante la prohibición expresa del financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional. De aprobarse la iniciativa, el BCRA dejará de tener la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Estado, una herramienta utilizada históricamente para cubrir desequilibrios fiscales mediante emisión monetaria.
Además, el Gobierno busca modificar los objetivos de la institución. Mientras la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012 establecía como metas la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, la propuesta libertaria limitará el mandato del Banco Central a un único objetivo: preservar el valor de la moneda.
Desde la Casa Rosada sostienen que tanto la reforma de Inocencia Fiscal como la del Banco Central contribuirán a fortalecer la estabilidad financiera. Según la visión oficial, las medidas favorecerán la remonetización de la economía mediante el ingreso de dólares actualmente fuera del sistema y reducirán el riesgo de que futuros gobiernos vuelvan a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria, uno de los principales factores asociados al proceso inflacionario en Argentina.
