Mendoza presentará en los próximos días un proyecto de ley para adaptar la nueva Ley Penal Juvenil nacional al sistema provincial. La iniciativa será enviada a la Legislatura con el objetivo de ordenar la implementación de la baja de la edad de imputabilidad, cuya entrada en vigencia está prevista para el 5 de septiembre.
El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, en el programa Palabras Cruzadas de LVDiez, donde adelantó que el proyecto será presentado junto con la ministra de Seguridad.
Según explicó, la propuesta incorporó aportes del Poder Judicial y buscará resolver tanto la organización del sistema judicial como el funcionamiento de los dispositivos destinados a los adolescentes que sean alcanzados por la nueva normativa.
La segunda definición de la Provincia será avanzar con un reclamo formal ante la Nación por los recursos necesarios para poner en marcha el nuevo esquema. García Zalazar sostuvo que la ley nacional contempla financiamiento para las provincias, pero aseguró que, hasta el momento, Mendoza no recibió precisiones sobre esos fondos.
Una ley provincial para adaptar el nuevo régimen
La nueva legislación nacional ampliará el sistema de responsabilidad penal juvenil a los adolescentes de entre 14 y 16 años. Mendoza ya cuenta con un esquema implementado para los jóvenes de entre 16 y 18 años, una situación que, según el ministro, coloca a la Provincia en una posición diferente frente a otras jurisdicciones.
“Vamos a estar presentando con la ministra de Seguridad un proyecto de ley que ha tenido en cuenta aportes del Poder Judicial, que es cómo adaptar esa ley nacional a la ley provincial”, anticipó García Zalazar.
La iniciativa tendrá dos grandes ejes. El primero estará vinculado con el funcionamiento operativo del sistema judicial. Allí deberán definirse cuestiones relacionadas con la organización de los juzgados y la forma en que se tramitarán los nuevos casos que involucren a adolescentes de entre 14 y 16 años.
El segundo eje estará relacionado con la ejecución de las penas. La Provincia deberá establecer dónde serán alojados los jóvenes que reciban una condena y cuáles serán los procedimientos para garantizar que cumplan las medidas dispuestas por la Justicia en ámbitos adecuados.
García Zalazar aclaró que el Poder Judicial tendrá un rol central en la definición de la estructura que se utilizará desde septiembre. Entre otras cuestiones, deberá resolver si los mismos juzgados y secretarías que actualmente intervienen en el sistema penal juvenil atenderán los nuevos casos o si será necesaria una reorganización interna.
La Corte y los distintos fueros especializados tendrán que definir esa estructura, aunque el proyecto provincial incluirá una propuesta para ordenar la implementación.
Mendoza espera hasta un 30% más de adolescentes privados de la libertad
Uno de los principales efectos de la nueva normativa será la ampliación del universo de adolescentes que podrán quedar sujetos al régimen penal juvenil. En Mendoza, el Gobierno estima que esto podría generar un incremento de hasta el 30% en la cantidad de jóvenes privados de la libertad.
Actualmente, la Provincia tiene alrededor de 460 adolescentes alcanzados por distintas medidas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil. En los casos de internación o privación de la libertad, la cifra de jóvenes de entre 17 y 18 años oscila entre 40 y 60, dependiendo de los ingresos y egresos.
“Con internación, privación de libertad, de 17 a 18, tenemos entre 40 y 60, depende el mes, o depende los casos”, precisó García Zalazar.
A partir de los antecedentes y de la cantidad de casos registrados en Mendoza entre los adolescentes de 14 a 16 años, el Gobierno realizó una proyección sobre el impacto que tendrá la nueva normativa.
“Nosotros calculamos que va a ser un crecimiento que puede llegar hasta un 30%. Es decir, si hoy tenemos 60, vamos a tener unos 80 jóvenes privados de la libertad”, sostuvo el ministro.
El funcionario remarcó que Mendoza ya comenzó a realizar las adecuaciones necesarias para absorber ese incremento. “El sistema ya está preparado para eso, se están haciendo todas las adecuaciones correspondientes”, afirmó.
García Zalazar también destacó que la nueva normativa no establece que todos los adolescentes alcanzados por la baja de imputabilidad deban terminar privados de la libertad. El régimen contempla distintas alternativas que deberán ser evaluadas por los jueces antes de disponer el encierro.
“La ley nacional […] da una serie de opciones donde la última es la privación de la libertad”, explicó.
Entre esas alternativas aparecen distintas medidas restrictivas y la posibilidad de cumplir una medida en el domicilio, con mecanismos de control electrónico. Según el funcionario, el juez deberá evaluar cada caso antes de disponer una medida de mayor gravedad.
“Hay una serie de acciones, o de supuestos que se dan o que tiene el juez que evaluar antes de privarle la libertad a un menor”, señaló.
La diferencia respecto del sistema actual estará en que, a partir del 5 de septiembre, esa estructura comenzará a alcanzar también a los adolescentes de entre 14 y 16 años.
El reclamo de Mendoza a Nación por el financiamiento
El otro punto que prepara el Gobierno provincial es un reclamo formal a la Nación para que cumpla con el financiamiento previsto en la ley nacional.
García Zalazar adelantó que Mendoza realizará el pedido a partir del 5 de septiembre y recordó que la Provincia ya había iniciado gestiones anticipadas. Sin embargo, aseguró que todavía no existen definiciones sobre la llegada de los recursos.
“El último artículo habla del financiamiento de todas las provincias. Hasta el momento no tenemos noticias de cómo será”, señaló el ministro.
El reclamo estará vinculado con los gastos que demandará la implementación del nuevo sistema. La Provincia deberá realizar adecuaciones en la estructura administrativa y judicial, además de avanzar con obras de infraestructura y la compra del equipamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta.
El antecedente inmediato muestra la magnitud del desafío que enfrentará Mendoza. Las estimaciones oficiales anticipan un incremento de hasta el 30% en la cantidad de adolescentes privados de la libertad, lo que exigirá ampliar y adaptar los dispositivos existentes para recibir a jóvenes de una nueva franja etaria.
Mendoza asegura que puede comenzar el 5 de septiembre
Pese a la falta de definiciones sobre el financiamiento nacional, el Gobierno provincial sostiene que está en condiciones de comenzar a aplicar el nuevo régimen desde el momento en que entre en vigencia.
La adecuación legislativa provincial podría demorar algunos días más que la fecha de inicio de la normativa nacional. Sin embargo, García Zalazar afirmó que la Justicia tendría la posibilidad de comenzar a aplicar el nuevo Código desde el 5 de septiembre, mientras se completa la adaptación normativa y administrativa en Mendoza.
El desafío inmediato estará en la coordinación entre los distintos poderes del Estado. El Ejecutivo deberá avanzar con la infraestructura y los dispositivos de alojamiento, mientras que el Poder Judicial tendrá que definir cómo organizará los nuevos expedientes y qué estructura utilizará para atender los casos de adolescentes de entre 14 y 16 años.
