El gobierno cayó en la cuenta de lo que le costó emitir en una conferencia de prensa en Casa Rosada la palabra expropiación. El caso era la empresa del agro Vicentin pero la sola mención del verbo preferido del extinto Presidente venezolano Hugo Chávez generó la primera crisis importante en la administración del Frente de Todos.
De hecho, en el caso de la compañía santafesina primero se hablo de expropiación, luego de salvataje, después de crear un fideicomiso y, finalmente, se acordó avanzar en una capitalización de la deuda que fue aprobada por el Presidente.
La banca pública, la más afectada por la cesación de pagos y por la presentación en convocatoria de acreedores de la empresa, mostró su apoyo a través de sus directores a las propuestas de productores y acopiadores damnificados para recuperar la empresa. Se capitalizarán sus acreencias, se desplazaran los actuales directores de la compañía y se intentará generar una reactivación de Vicentin bajo la dirección de los propios acreedores.
El respaldo del Banco Nación, del trabajo y de los granos de los productores y la convergencia política de los funcionarios de Alberto Fernández y del gobernador Omar Perotti lograron terminar con la crisis política producto de la propaganda y difusión de una palabra que produce reacciones encontradas: expropiación.
El lunes 15 Vicentin, con un concurso de acreedores de más de 1300 millones de dólares, se puso nuevamente en marcha tras estar un año parada. Comenzó a funcionar la planta de molienda de girasol en Ricardone, en el departamento de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe.
Con este resultado positivo como experiencia el gobierno avanzará en el control de la empresa IMPSA.
La ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona, una compañía simbólica del capitalismo industrial nacional, atraviesa un período de reestructuración de su deuda con distintos acreedores que culminará el próximo 16 de marzo, cuando en una reunión de asamblea de accionistas, se autorice la emisión de nuevas acciones por un total de 20 millones de dólares. Ahora bien, es en este proceso donde la administración de Alberto Fernández intercederá. Hasta el momento en los despachos de Casa Rosada se avanza con la idea de suscribir estas acciones de manera mayoritaria y, ceder un 20% aproximadamente, a la gobernación mendocina.
La emblemática compañía que hasta el 2017 perteneció a la familia Pescarmona hoy está en manos de entidades bancarias y financieras acreedoras y se convertirá, prácticamente, en una firma estatal y en su directorio estarán representados funcionarios nacionales y el gobierno de Mendoza se asegurará un lugar.
IMPSA busca un salvataje apoyándose en el estado provincial y nacional
