El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2027, que contempla gastos por $2,84 billones.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema y del organismo, Horacio Rosatti. Durante el encuentro, los consejeros analizaron las partidas necesarias para el funcionamiento de la Justicia nacional durante el próximo año.
El monto aprobado representa una suba del 24% frente a los $2,28 billones previstos para el cierre de 2026. También supera en $522.020 millones el límite financiero establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto, fijado en $2,31 billones.
El representante del Poder Ejecutivo y presidente de la Comisión de Administración Financiera, Santiago Viola, destacó que la aprobación permitirá darle previsibilidad al funcionamiento del sistema. “El presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene para el fortalecimiento institucional y la modernización de la Justicia”, sostuvo. Además, planteó que el objetivo es avanzar hacia un servicio “más ágil, transparente, eficiente y cercano a la gente”.
Casi el 95% se destinará al personal
La principal partida corresponde a Gastos en Personal, con $2,69 billones, equivalentes al 94,7% del presupuesto total. El cálculo contempla 24.415 cargos dentro de la estructura judicial.
En ese apartado se incluyen puestos vinculados con la creación de tribunales prevista por ley, la Escuela Judicial, el Cuerpo de Auditoría en Sistemas, las intendencias y delegaciones regionales y el Sistema Informático de Recursos Humanos.
Este último concentra 1.456 cargos y constituye el requerimiento más importante dentro del inciso. También se reservaron $9.072 millones para el pago de horas extra, con un máximo de 170.423 horas anuales.
El resto del presupuesto se distribuye entre $80.430 millones para servicios no personales, $43.795 millones para bienes de uso, $14.385 millones para transferencias y $12.922 millones para bienes de consumo.
Equipamiento tecnológico y obras judiciales
La partida destinada a bienes de uso presenta el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 56%, y contempla $25.406 millones para equipamiento informático. Entre las adquisiciones previstas se incluyen notebooks, sistemas de seguridad digital y la instalación de 300 cámaras de videovigilancia, además de otros insumos tecnológicos.
El anteproyecto también incorpora un plan de infraestructura para el período 2027-2029, con inversiones superiores a $39.400 millones destinadas principalmente a edificios judiciales en estado crítico. La obra de mayor magnitud será la correspondiente a Casación Penal, en Comodoro Py 2002, para la cual se proyectaron $9.227 millones.
Alquileres, servicios y jubilaciones especiales
Dentro de los servicios no personales se presupuestaron $23.951 millones para servicios básicos, $16.596 millones para limpieza y policía adicional, $14.077 millones para alquileres y $3.515 millones para mantenimiento informático.
El capítulo de transferencias incluye, además, $14.380 millones para jubilaciones y pensiones especiales, correspondientes a 106 beneficiarios.
Viola señaló que la elaboración del anteproyecto se realizó bajo la premisa de que los recursos públicos son limitados y agradeció el acuerdo alcanzado entre los distintos sectores que integran el Consejo. Según expresó, contar con las partidas aprobadas “en tiempo y forma” permitirá ordenar la administración, mejorar el funcionamiento de la Justicia y reforzar su autonomía.
Del plenario participaron, además de Horacio Rosatti y Santiago Viola, los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez y Mariano Recalde; y los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
También estuvieron los representantes de la abogacía Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau, junto con los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. Juez, Recalde, Siley, Tailhade, Grau y Tamarit participaron de manera virtual. Estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
