En las últimas horas, en el marco de una medida destinada a aliviar la situación de las provincias con vistas a la post pandemia, el Gobierno empezó a negociar con los gobernadores un nuevo consenso fiscal que plantea sustancialmente tres ejes: la posibilidad de que los mandatarios tomen deudas en pesos, redefinan sus esquemas impositivos y resignen la idea de litigar contra la Casa Rosada.
Todo este paquete, del cual da detalles este domingo Infobae, forma parte del consenso fiscal que el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo de Pedro y el ministro de Economía, Martín Guzmán, empezó a discutir en reserva con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para otorgarles a estos distritos “herramientas de autonomía fiscal que tendrán resultados en la recaudación”, según los borradores de los documentos que empezaron a intercambiar.
Según explicaron a ese portal fuentes de la Casa Rosada, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, por instrucciones directas de De Pedro avanzó en un esquema de diálogo con los ministros de Economía de las provincias que busca aliviar la situación financiera de muchos gobernadores acorralados económicamente por la crisis del COVID-19 y con niveles de una caída de la recaudación que en algunos casos llegan hasta el 50% en el último trimestre.
En este contexto de fragilidad económica y social, el Gobierno plantea esta discusión de un nuevo consenso fiscal que contemplará un punto en el que la Casa Rosada se mantiene firme: el referido al límite para el endeudamiento en dólares de las provincias.
“Es un mecanismo para evitar que se repitan errores del pasado que condujeron a muchas provincias a contraer deudas inviables y es un punto en el que no hay espacio para ceder”, explicó a Infobae un allegado al ministro del Interior. Es decir, que el Gobierno no quiere complicar a las provincias como, entiende, ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri en que los gobernadores quedaron atrapados en millonarias deudas en dólares.
Así, tanto en Interior como en Economía coinciden en que se quiere dar un debate hacia el futuro sobre el “endeudamiento responsable”.
Desde esta lógica, la administración de Alberto Fernández entiende que durante el pago del gobierno macrista a los holdouts el grueso de las provincias se vieron virtualmente forzados a recurrir al endeudamiento externo y tomaron más de USD 12.000 millones, que los puso en jaque con el default y que con la pandemia de coronavirus se agravó su situación.
Para los funcionarios de Interior, en la gestión anterior se “indujo” a muchas provincias a que salgan a endeudarse en dólares. Y ese endeudamiento se hizo a un tipo de cambio que, obviamente, luego pegó un salto. Ese salto –explican- lo que hizo es que, efectivamente, las provincias tuviesen que devaluar y disponer del doble de recursos para poder afrontar los servicios de deuda que tenían. Ya fueran intereses o el vencimiento del stock.
“Hubo algunos gobernadores que no se endeudaron en dólares, como fue el caso de Santa Cruz con Alicia Kirchner. En cambio, las otras provincias lo que lograron con el endeudamiento fue deteriorar el uso de su presupuesto en la asignación de los servicios básicos”, culmina explicando Infobae.
