Ejecutaron a un hombre por intentar traficar un kilo de marihuana en Singapur

Tangaraju Suppiah fue ahorcado este miércoles. La familia y distintas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, habían pedido clemencia.

El gobierno de Singapur ejecutó a Tangaraju Suppiah este miércoles 26 de abril. Había sido acusado de participar en una conspiración para traficar un kilogramo de marihuana. El hombre de 46 años, de origen tamil, fue ahorcado en la prisión de Changi tras ser declarado culpable y condenado a muerte en 2018.

A pesar de los pedidos de clemencia de la familia de Suppiah, así como de las ONG y la ONU, las autoridades de Singapur procedieron a la ejecución. Por ello, la decidión es duramente criticada y muchos acusan que Suppiah “no tenía representación legal”.

Pena de muerte

Durante años, Singapur estuvo en el ojo de la tormenta por el uso de la pena de muerte por delitos de drogas. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la práctica como inhumana e ineficaz.

La ejecución de Suppiah es la primera que se lleva a cabo este año. En 2022, se ejecutó en la horca a 11 presos, un récord.

Según el gobierno de Singapur, “la pena de muerte es necesaria para disuadir y proteger la seguridad pública”. Sin embargo, organizaciones argumentan que no es un elemento disuasorio efectivo y que viola los derechos humanos fundamentales.

Pedido de no ejecución

El multimillonario británico Richard Brandson, miembro de la Comisión Mundial de Lucha contra las Drogas, pidió el lunes a Singapur que reconsiderara la ejecución y aseguró que “se trata en gran parte de un caso basado en presunciones”. El Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable.

El ministerio señaló que dos teléfonos móviles, según la fiscalía pertenecían a él, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos. “La evidencia muestra claramente que era la persona coordinando la entrega de drogas, con el propósito de traficar”, aseguró.

Por otro lado, la familia y los activistas afirmaron que no recibió representación legal adecuada y que se le negó el acceso a un intérprete tamil durante el interrogatorio policial inicial. También argumentan que la evidencia contra Suppiah fue débil y circunstancial.

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