En medio de un tenso debate en el Senado, la Ley Bases, promovida por el Gobierno de Javier Milei, enfrenta un obstáculo significativo debido a las demandas de la oposición, que insiste en una serie de modificaciones antes de dar su aprobación.
Las comisiones del Senado no lograron avanzar en la discusión esta semana, posponiendo el debate para la próxima semana.
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Ante la falta de respuesta y de consenso en torno a estas modificaciones, La Libertad Avanza tuvo que pausar el debate en comisiones. Se espera que la discusión se reanude entre el martes y el miércoles de la próxima semana.
Las principales demandas de la oposición
Protección de Organismos Públicos: En el artículo 3, que otorga al Ejecutivo la potestad de disolver organismos, la oposición pide incluir excepciones específicas para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Administración de Parques Nacionales, y diversos organismos de cultura, ciencia y tecnología. Esta demanda busca salvaguardar instituciones consideradas cruciales para el desarrollo y la memoria histórica del país.
Fondos Fiduciarios: El radicalismo ha enfatizado la necesidad de proteger al menos dos fondos fiduciarios: el de financiamiento a la ganadería ovina y el destinado a infraestructura del transporte eléctrico. Estos fondos son vistos como vitales para sectores estratégicos y su continuidad es una prioridad para la oposición.
Privatizaciones: Un punto particularmente controvertido es el referente a las privatizaciones. El senador Zimmermann ha propuesto que, en el caso de Aerolíneas Argentinas, cualquier proceso de privatización debería incluir una cláusula que garantice la continuidad de los vuelos, independientemente de su rendimiento financiero. Esta propuesta busca asegurar el servicio público esencial que brinda la aerolínea, más allá de consideraciones de superávit o déficit.
Reforma Laboral: La oposición también ha solicitado modificaciones en aspectos laborales. Entre sus propuestas está que las cuotas solidarias a los sindicatos sean opcionales, otorgando mayor libertad a los trabajadores. Además, se ha planteado que los bloqueos a industrias o comercios se consideren causales de despido, una medida que apunta a proteger la actividad económica frente a protestas que puedan paralizar la producción.