El Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de Mendoza condenó este jueves a seis años de prisión a una contadora acusada de dirigir una “usina” de facturas truchas.
Silvia Gulino Ríos fue señalada como la líder de una asociación ilícita fiscal que, a través de su propio estudio contable, utilizaba los datos fiscales de sus clientes y ofrecía la posibilidad de emitir recibos apócrifos, con un perjuicio de más de 161 millones de pesos al erario público.
También impuso penas de entre cuatro años de prisión y tres años y seis meses de prisión para otras siete personas en calidad de integrantes de la organización.
En la causa intervino la Fiscalía General N° 1, interinamente a cargo de María Gloria André.
La causa se inició a partir de una serie de medidas de urgencia realizadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras notar que un contribuyente figuraba como proveedor de una firma llamada Marea SRL, con varias irregularidades en su facturación.
Para rectificar esta situación, el hombre relató que había acudido al estudio de su contadora, Gulino Ríos, quien lo “aleccionó” para que le dijera a la administradora pública que no la conocía y, en caso de que le preguntasen al respecto, dijera que había realizado algunos trabajos para una firma cuya existencia desconocía.
De acuerdo a la investigación, la organización liderada por Gulino Ríos estaba destinada a la confección y comercialización de facturas truchas para generar créditos fiscales y gastos ficticios, a cambio de una comisión del 35 por ciento de la facturación “vendida”.
De esta manera, sus clientes disminuían sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, y generaban un perjuicio millonario a la recaudación del fisco.
En los allanamientos realizados en los domicilios personales y laborales de los principales acusados se consiguió una cantidad de documentación, tanto en papel como en soporte digital, que permitió confirmar que la organización facturó 276 millones de pesos a través de este sistema y produjo un perjuicio tributario que ascendió a más de 161 millones de pesos, de acuerdo al último informe de la AFIP.
Entre los integrantes de la organización se encontraba Daniel Caciavillani, pareja de la principal imputada, y quien ofertaba el servicio, conseguía clientes y administraba las entregas y cobros por sus prestaciones.
Pero además, el grupo contaba también con el aporte de otras personas, como Carla Saavedra, Florencia Morichetti Carrazco, Romina Molina Gulino, Armando Morón Caligari, Carlos Aguirre Fahnoe, Walter Lobos Domínguez y Sandra Maldonado Jofré, en una división de tareas que incluía oficiar de intermediarios, conseguir nuevos clientes y llevar a cabo la facturación en el estudio contable.
Conforme la división de tareas dentro de la asociación ilícita, Cacciavillani, Morón Caligari y Aguirre Fahnoe fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras que Maldonado Jofré recibió una pena de tres años y diez meses. En tanto, Lobos Domínguez, Morichetti Carrazco y Molina Gulino fueron condenados a tres años y seis meses.
