Después de que se filtraran chats entre jueces federales, funcionarios del PRP y empresarios del Grupo Clarín, en el que hablan de intentar ocultar un viaje que realizaron a Lago Escondido, con estadía en la estancia de Joe Lewis, en octubre pasado, las bancadas del oficialismo en la Cámara de Diputados y el Senado emitieron un comunicado titulado: “Con la mafia no hay democracia”.
“Los integrantes del bloque de diputadas y diputados y el interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, repudiamos y exigimos una inmediata investigación y condena por los hechos de público conocimiento que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un exagente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, comienza el escrito.
Según los legisladores, “este nuevo escándalo institucional muestra claramente que con prácticas mafiosas están hiriendo de muerte a la democracia argentina. Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra (María Eugenia Capuchetti), aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles”, destacaron.
Con la mafia no hay democracia 👇🏻@Senadores_Todos @Diputados_Todos https://t.co/I5YeRpWaps
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 5, 2022
Los diputados y senadores denunciaron que los magistrados “reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.
“En ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ‘investigaron’ la causa Vialidad y el juez de esta causa”, subrayaron sobre la causa de la cual se conocerá el veredicto mañana.
Además, indicaron que “el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas”. “Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, reclamaron.
Finalmente, dijeron: “Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia”.
