El sacerdote católico Franco Reverberi Boschi presenció sesiones de tortura en el centro clandestino de detención ilegal de Casa Departamental, que funcionó en San Rafael durante la última dictadura militar, “con una pistola enfundada bajo uno de sus hombros y una biblia en su mano derecha”, según denuncian víctimas que estuvieron en ese lugar.
En base a esos testimonios, la justicia federal de Mendoza cursó por segunda vez un pedido de extradición contra este religioso, que reside desde hace diez años en Sorbolo, un pueblo de 9.000 habitantes ubicado en la provincia de Parma, Italia, donde nació hace 83 años.
Al día de hoy, este antiguo capellán del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII del Ejército con asiento en San Rafael oficia misas en la parroquia de Santi Faustino y Giovita, donde disfruta de su condición de ciudadano italiano.
La participación de Reverberi con los delitos perpetrados durante la represión ilegal quedó expuesta en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en San Rafael y Mendoza durante 2010.
Como publicó MTN, al menos cinco personas declararon haber visto al sacerdote en Casa Departamental cuando se llevaban a cabo sesiones de tortura, a las que asistía como un espectador privilegiado, sin aplicar tormentos sobre los detenidos.
Los testimonios
“Se paseaba con vestido de pantalón negro, camisa y cuello duro. Iba con una pistola enfundada en una sobaquera y llevaba una biblia en la mano. Nos decía que nos debíamos arrepentir y colaborar con los militares que nos torturaban”, señaló en declaraciones a la agencia de noticias Télam Roberto Flores, un exmilitante de la Juventud Peronista (JP) que entre abril y octubre de 1976 estuvo cautivo en Casa Departamental.
Flores, un pintor de obra que reside en San Rafael, brindó el mismo testimonio hace 11 años, cuando declaró ante un Tribunal Federal en el debate de un juicio oral y público, al igual que Sergio Chaqui, Hugo Riera, Ángel Di Cesare y Mario Bracamonte.
En base a esos testimonios, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Reverberi fuera citado a indagatoria, un pedido que el juez Eduardo Puigdéngolas autorizó el 10 de agosto de 2011.
Pero tres meses antes, el sacerdote salió del país con rumbo a Italia, la patria que dejó a los 11 años junto a su familia que emigró a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial.
Reverberi alegó que no podía volver a responder ante la justicia por “problemas cardíacos” y la fiscalía federal de San Rafael decidió solicitar su extradición en 2012.
Al obstaculizar el proceso para someterse a una indagatoria, el sacerdote fue incluido en la lista de buscados de la organización Interpol, pero un año después, un Tribunal de Bologna rechazó la solicitud de la Justicia argentina.
Pero un cambio en el Código Penal de Italia, que incorporó el delito de tortura, impulsó a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de San Rafael a presentar un nuevo pedido de extradición.
“Ese cambio en el código penal italiano permite la doble incriminación con Argentina por el delito de torturas, y por eso pedimos ante la Fiscalía de San Rafael que le dé curso de nuevo a la extradición”, señaló a Télam Ricardo Ermili, abogado de la APDH.
En esa solicitud, se incluyeron contra el sacerdote imputaciones por los delitos de homicidio y privación ilegítima de la libertad.
Los fiscales federales Dante Vega y Pablo Garciarena dieron curso a ese pedido y le imputaron al religioso su participación en el homicidio del militante de la JP José Guillermo Berón, que estuvo cautivo en Casa Departamental y permanece desaparecido.
“José estuvo con nosotros, militábamos juntos en el mismo barrio. Lo vimos por última vez en Casa Departamental en octubre de 1976. Yo y otros compañeros salimos, pero él sigue desaparecido”, apuntó Flores.
El segundo pedido de extradición
El pasado 29 de marzo, el juez Puigdéngolas resolvió solicitar un segundo pedido de extradición contra Reverberi, en base a los fundamentos consignados por la querella de la APDH y el Ministerio Púbico Fiscal, y le solicitó a Cancillería que inicie el trámite para que el sacerdote comparezca ante los Tribunales argentinos.
“Lo vi (a Reverberi) en Casa Departamental por lo menos cuatro veces. Una vez nos hicieron limpiar el piso arrastrándonos con nuestros cuerpos desnudos por el piso en una noche de inverno. Siempre venía con dos o tres más, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Era el 9 de julio del ’76, nos golpearon y torturaron toda la tarde y él estuvo viendo todo, vestido de militar”, le contó a esta agencia Mario Bracamonte, otro militante de la JP que estuvo detenido en Casa Departamental.
La respuesta del sacerdote
Desde su Sorbolo natal, el religioso niega las acusaciones y alega que el Ejército lo designó capellán en 1980 y que no estuvo en el centro clandestino en el cual lo ubican varios testigos.
Mientras, el excapellán da misas por streaming debido a la imposibilidad de los fieles de acercarse a los templos ante la persistencia de la pandemia de coronavirus.
“El pecado es tinieblas, muerte y distancia de Dios. Convirtámonos y pidamos perdón al Señor. Antes éramos tinieblas, ahora debemos ser la luz del Señor”, predicó Reverberi desde el púlpito en una de esas ceremonia virtuales, según publicó El Salto, un medio digital español.
En enero pasado, ese medio difundió una extensa nota sobre el cura y otros dos acusados de delitos de lesa humanidad que están prófugos en Italia: el argentino Carlos Malatto y el uruguayo Jorge Néstor Troccoli.
“A esta altura, la verdad, no quiero que vaya preso. Quiero que enfrente la Justicia y diga todo lo que sabe. Que cuente qué les pasó a nuestros compañeros”, subrayó Bracamonte sobre Reverberi y su deseo de justicia.
Sacerdote mendocino acusado de delitos de lesa humanidad sigue dando misa en Italia
