En estas horas, avanza en Mendoza una investigación que le quita el sueño a puntuales funcionarios judiciales de Mendoza y a un grupo de abogados locales. Refiere al presunto pago de coimas a cambio de beneficios en procesos de la Justicia Federal.
Allí aparece la sombra del siempre polémico juez Walter Bento y la chance de que el sospechoso de un secuestro y asesinato declare como testigo protegido, destapando ollas inquietantes.
Se trata de Diego Alejandro Barrera, el principal sospechoso de la muerte del empresario Diego Aliaga, cuyo cuerpo fue hallado enterrado a mediados de setiembre en un descampado de Lavalle.
Según revela diario El Sol, el hombre pidió ser incorporado junto a toda su familia –su mujer e hijastros también están procesados por el crimen de Aliaga– al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Jura que teme por su vida.
Ciertamente, Barrera ya declaró el viernes pasado ante el fiscal Dante Vega en el marco de la causa que investiga las supuestas coimas.
De hecho, fue él quien destapó el supuesto entramado de cobro de dinero a cambio de favores judiciales cuando declaró por primera vez en el expediente de Aliaga y aseguró que el ex despachante de Aduanas hacía arreglos con los jueces y que también hay abogados involucrados.
Ante tal situación, se inició una investigación que busca determinar la veracidad de esos dichos, la cual quedó en manos del juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas.
“A través de la investigación se busca analizar diversas escuchas telefónicas de expedientes que ya se han tramitado en la Justicia federal. En las mismas, los imputados hacen mención a la posibilidad de un pago para obtener beneficios en sus situaciones procesales”, de acuerdo al relato de El Sol.
En tal contexto, aparece la sombra del siempre polémico juez Bento, quien, a través de su abogado, el mediático Mariano Cúneo Libarona, se presentó en la oficina del fiscal Vega a efectos de conocer si está mencionado en la causa judicial. Ese pedido fue rechazado, pero Bento apeló la decisión.
Juez y parte
Walter Bento es aquel polémico juez que intervino Cablevisión en el año 2011, presuntamente a pedido del gobierno de Cristina Kirchner.
Ocupa uno de los cargos de mayor poder político mendocino: es el juez electoral de la provincia. Desde ese puesto, mantuvo siempre una buena relación con el kirchnerismo, que lo nombró el 31 de agosto de 2005.
Históricamente, su vínculo con el Gobierno supo ser el fallecido operador político del PJ Juan Carlos Mazzón, otrora asesor de la Presidencia con oficina en la Casa Rosada.
De sus pares de la justicia electoral, una de las más afines a Bento es la jueza electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini.
Según reveló oportunamente diario La Nación, Bento no es un hombre querido por todos los organismos de derechos humanos. Algunos le cuestionaron no haberles dado la debida celeridad a las causas de derechos humanos que tuvo a su cargo; incluso el periodista Horacio Verbitsky culpó a Mazzón por haberlo nombrado.
Oportunamente, Bento fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el abogado mendocino Carlos Cucchi por haber nombrado a su esposa, Marta Boiza, en la secretaría electoral a su cargo, a la vez que la mujer trabajaba en el juzgado federal 3 de la provincia con reducción horaria.
