Tal cual habían manifestado desde el Partido Justicialista días atrás, la referente peronista Anabel Fernández Sagasti, radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción N°7 de delitos económicos.
En el documento, pidieron a la Justicia investigue sobre la posible comisión de los siguientes delitos:
a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).
d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).
El peronismo provincial, también incorporó a la presentación las declaraciones periodísticas del ex senador Héctor Bonarrico, en las que reconoció que la donación que iba a realizar la provincia a favor la fundación que lidera, se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que efectuó su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza por el cierre de candidatura de las elecciones del año pasado.
Cabe recordar que en esa instancia electoral, Bonarrico no se presentó para renovar su banca en el Senado de la provincia.
En la entrevista periodística en cuestión, Bonarrico sostuvo: “Esto fue parte del acuerdo que MásFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas”.
En el documento presentado por Fernández Sagasti apuntaron a que el Gobierno provincial busca desviar la investigación y culpar solamente a Héctor Hugo Bonarrico, con la presentación que hizo el Ministro Víctor Ibañez por “tentativa de fraude al Estado”.
“Este Ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibañez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”, argumenta la denuncia.
Otro punto que se destaca, es que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio de ninguna manera exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho.
