El 14 de enero pasado se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, el 15 se oficializó a través del Boletín oficial, apenas unos días después comenzó a regir y en la provincia de Mendoza ya hay varias solicitudes.
No se tiene un número exacto de cuántas sean, sin embargo, sí se puede asegurar que todos estos pedidos están siendo atendidos.
Según la Ley, la intervención no puede tardar más de 10 días después de la solicitud. Aunque aún no haya una reglamentación, desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (PSSyR) de Mendoza, aseveran que se están llevando adelante.
La médica que fue designada para ponerse al frente de la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es Valentina Albornoz, quien le aseguró al portal Universidad que “hay circuitos que están funcionando en todos los efectores de salud pública”.
“El gran fuerte es que ya venimos hace dos años trabajando con ILE (Interrupción Legal del Embarazo), entonces hay circuitos armados. Lo que hemos hecho es mantener el mismo formato para dar respuesta, adaptado a lo que es IVE. Hemos podido hacer frente con la estructura que tenemos por ahora, en tanto esperemos la implementación definitiva”, agregó.
El hecho de adaptar la ILE a la IVE quiere decir que inclusive hasta la semana 14 no es necesario que se diagnostique una causal psicológica, social o médica.
La ley 27.610 le garantiza a toda persona gestante la posibilidad de acceder al aborto hasta la semana 14. Luego, a partir de la semana 15, se puede solicitar por ciertos causales como violación o riesgo de vida.
Albornoz explicitó que “la idea del Ministerio es adherirse completamente al protocolo que proponga Nación”. En el mientras tanto, aclaró que la provincia cuenta con “un proyecto propio en el que ya estamos prolijamente dando curso a las solicitudes que hemos tenido”.
Con el propósito de brindar acceso a la interrupción del embarazo, la funcionaria destacó que se está trabajando con la línea nacional de Salud Sexual (0800-222-3444), la cual recibe las solicitudes y trabaja con un sistema de georreferenciación para hacer la derivación pertinente a cada punto del país.
La atención en esa línea se da de lunes a viernes entre las 9 y las 21 horas y los fines de semana y feriados de 9 a 18 horas. A esto se le puede sumar que en la provincia se trabaja en habilitar la consulta en todos los centros de salud.
“La idea es prepararnos para recibir dos flujos de demanda: uno, el 0800 que va a seguir funcionando como venía, para la solicitud directa de la intervención; y otro puede ser la demanda espontánea en los centros efectores”, comentó Albornoz.
La Ley de IVE establece el procedimiento debe ser gratuito tanto en el sector público como el privado, ya que las obras sociales están obligadas a cubrir los costos.
Es dable destacar que no se brinda información únicamente sobre el procedimiento en cuestión, sino también sobre métodos anticonceptivos. Además la atención se brinda durante y después de llevado a cabo el proceso.
El problema radica en que no todos los médicos aceptan la práctica. Según plantea Albornoz, “Siempre existe el sesgo personal de quien se encuentra en el sistema de salud frente a esta situación, siempre contamos con el factor de la obstaculización”. Sin embargo., también destacó que no se han registrado “resistencias grandes ni planteamientos de orden institucional”.
En diálogo con Futurock, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, explicó que “cuando una mujer o persona gestante requiere la interrupción del embarazo en una obra social o prepaga y no la atienden, no la reciben, la obstruyen (…) hay la posibilidad de presentar un formulario en la Superintendencia de Servicios de Salud y también Defensa del Consumidor que tiene la posibilidad de hacer una presentación o reclamo respecto del incumplimiento”.
En tal sentido, Albornoz comentó que “el método más usado es el medicamentoso, con misoprostol”. También se refirió a la ley provincial 8116, la cual restringe su venta: “Lo del misoprostol es un tema a resolver (…) No pueden existir dos elementos jurídicos que se contrapongan en su significado, la implementación y la reglamentación de la ley de IVE va contra la 8116”.
“Hoy, casi todos los departamentos cuentan con un efector que pueda orientar a la paciente en el circuito” y sus equipos “están en formación permanente (…) Cualquier centro de salud de cabecera cuenta con un equipo que pueda darle atención a estos casos. Y en un futuro la idea es que todo centro efector, cualquiera sea, pueda habilitar el circuito”, finalizó al hablar sobre quienes garantizan tanto la IVE como la ILE.
