El procurador de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, dialogó con Radio News sobre las usurpaciones de tierra que vienen aconteciendo en la provincia.
Respecto del grupo “antiokupas” explicó que “Efectivamente previendo esta situación que está apareciendo en todo el país, se creó un grupo que está formado por personal policial, es decir Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal y el ETI que es el organismo encargado de velar por los menores en situación de abandono o chicos con problemas y que depende del Poder Ejecutivo.
Consultado sobre cómo actúan respondió que “lo primero que hacen es cuando se tiene noticia de una toma se pone en comunicación el grupo y empiezan a actuar bajo las órdenes del fiscal Fernando Giunta y va a la policía y va con gente preparada” como por ejemplo “un negociador que es el que se pone a dialogar para disuadir a esta gente para que se retire”.
“Si no se logra eso” primero “si hay menores el ETI se hace cargo, y si no tenemos éxito el fiscal ordena el desalojo” ya que “hay que evitar las consolidaciones” aseguró.
Aclaró que este grupo “es para la usurpaciones masivas y se ha actuado bien. Hemos tenido un par de tomas que han sido disuadidas. La última es de la Bodega Espiño. Fueron convencidos y se retiraron del lugar”
“Y otro que no fue tan sencillo fue en Guaymallén. Se los retiró de noche, era un grupo de 100 personas y la cosa se puso violenta” aseveró y agregó que “hubo un procedimiento correcto por parte de la policía”, aunque “no queremos que esto se repita de manera masiva”.
Preguntado sobre cómo se hace después del desalojo, Gullé respondió que “ese es el siguiente camino. No lo hacemos nosotros. Pero hay una comunicación con los Municipios para ver si existe posibilidad de ubicación de esta gente.
Además comentó que “entiendo el problema habitacional, pero eso es una cosa y otra cosa es permitir que mañana se metan en mi casa y se me instalen a vivir con una carpa, lo que es intolerable es la violación de la propiedad privada”.
Agregó en ese sentido que “es un delito. Aparate hay si querés tierras.. Si el estado está dispuesto a solucionar todo este déficit habitacional pensemos en la cantidad de tierras fiscales que hay y trabajemos para darles un lugar”.
Aunque fue muy elocuente al manifestar: “Convengamos que no en todos los casos deriva del problema habitacional sino que a veces es ideológica la toma” agregando que “cuando no es ideológica la cosa se retiran y están dispuestos a dialogar”.
“Yo diría que las tomas masivas en general vienen precedidas de una organización previa por una cuestión ideológica” enfatizó.
Tambien destacó que “si no es masiva, el procedimiento es normal”. Explayando que “si se mete una persona, se radica la denuncia penal y si corresponde, si se dan los extremos de las amenazas y la violencia, en ese caso se ordena el desalojo de la persona como cualquier usurpación común”.
No obstante, reconoció que “tenemos que tener cuidado, porque por ahí hay propiedades cuya titularidad está discutida”.
En esos casos aseveró que “empiezan un juicio civil y se dan cuenta que va a demorar muchísimo. Para lograr sacar a una persona toma tiempo, entonces hacen una denuncia penal y esperan que en una semana nosotros logremos lo que no logran con una denuncia civil”.
Respecto de la gente que se retira sin mayores problemas, aseguró que “tratamos de evitar imputación. Si se ha logrado todo de manera calma, sin altercados ni violencia, si accedieron a escuchar y se retiran tratamos de evitar la estigmatización”.
Por último se refirió a su contagio de coronavirus: “Estoy viendo los efectos que me ha dejado la secuela a partir de estudios” y agregó que “me siento con cansancio cunado intento hacer un esfuerzo más allá de la cotidiana, cuando intento salir a correr”.
“Noté que me ha alterado la presión” manifestó y añadió que “hay algo que note que es verdad, genera a los que hemos pasado por terapia se ha detectado que es muy común una secuela de ansiedad e irritabilidad” y finalizó mencionando que “me pongo más temperamental, pero lo estoy controlando”.
