Alejandro Gullé, procurador de la Corte, explicó que Roberto Macho, titular de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) de Mendoza, no está detenido por protestar pero si cometió un delito en las manifestaciones al cortar calles y rutas. Además, destacó que “cometió el delito de entorpecimiento del tránsito en cinco ocasiones desde el 14 de julio pasado, afectado derechos de otras personas”.
Cabe aclarar que el artículo 194 dice que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
En conversación con el Programa Te digo o que pienso que conduce Ricardo Montacuto por radio Nihuil ,Gullé explicó que la ley estipula que “no se puede interrumpir el transporte público y el tránsito de las personas”.Afirmó: “acá no se criminaliza la protesta. Nadie está imputado por protestar. Nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Imaginen lo que puede suceder si viene una ambulancia y se encuentra con una manifestación que no la deja pasar”.
“No criminalizamos la protesta, sino la interrupción de la circulación”, afirmó Gullé.”Si cortan el tránsito, están adoptando una conducta extorsiva, porque le están diciendo a la gente si nos embromamos nosotros, ustedes también”. “Cortar una calle es un delito y no podemos dejar que cometan un delito. Lo que corresponde es imputar a las personas, no hay otra”, aclaró.
Macho y sus compañeros participaban ayer de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el Gobierno provincial, cuando fueron detenidos por la policía y trasladados a la comisaría tercera de la ciudad de Mendoza. La conducción provincial de ATE demanda “hace más de un mes” al gobernador mendocino Rodolfo Suárez un aumento de “emergencia” para los salarios de los trabajadores estatales.
Macho fue imputado por el fiscal Fernando Giunta en cinco hechos por “el entorpecimiento de la circulación del transporte público”, que viola el artículo 194 del Código Penal y fue trasladado a una penitenciaria, detallaron fuentes judiciales.
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En tanto, su pareja, Adriana Iranzo, secretaria adjunta del gremio, fue imputada en tres hechos por el mismo delito y quedó libre bajo una caución de $50.000, informaron desde el Ministerio Publico Fiscal.
