Luego de 13 años, una parte del expediente que investiga el blanqueo de dinero en la recaudación de la campaña electoral 2007 de Cristina Kirchner y Julio Cobos, está a punto de ser enviado a juicio oral y público.
Se trata de una investigación que el exjuez Norberto Oyarbide intentó dejar impune pero que la Cámara Federal “recuperó” (ver más abajo) oportunamente.
Allí, aparecen complicados varios personeros del hoy presidente Alberto Fernández, principalmente uno: Héctor Capaccioli, otrora superintendente de Servicios de Salud de la Nación.
El patrón es sencillo: está relacionado a jugosos negociados que se han hecho en torno al sistema de salud argentino, gracias a la connivencia de poderosos funcionarios oficiales, sindicalistas tuertos e importantes droguerías y laboratorios medicinales.
Oportunamente, el fallecido Sebastián Forza lo admitió sin medias tintas a este periodista: “Acá hay un sistema por el cual se falsificaron recetas médicas, se inventaron pacientes y hasta se adulteraron remedios carísimos para llenar los bolsillos de unos pocos delincuentes”.
Forza sabía de lo que hablaba, ya que se definía a sí mismo como parte de esa misma mafia.
En sentido similar opinó otra fuente del Ministerio de Salud consultada oportunamente por MTN: “Para entender los negociados de medicamentos, hay que tener en cuenta que se trata de un sistema que tiene a Néstor Lorenzo a la cabeza y una serie de empresas-pantalla que siempre están vinculadas entre sí, ya sea cambiando cheques en una financiera que operaba en un consulado extranjero, vendiendo medicamentos entre ellas, aportando a campañas electorales o simplemente compartiendo los mismos clientes”.
Lo grave del caso es que, para que esto pudiera ocurrir, hubo una “zona liberada” por parte de importantes funcionarios del entonces gobierno de Cristina.
El más complicado es Capaccioli, fuertemente vinculado a Néstor Vázquez, ex gerente de Prestaciones de la superintendencia de Servicios de Salud y a Néstor Lorenzo, titular de la sospechada droguería San Javier y denominado por Graciela Ocaña como “el Yabrán de los remedios”.
Capaccioli fue el recaudador oficial de fondos para la campaña electoral del Frente para la Victoria y reportaba directamente al entonces jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández.
Como se dijo, la Cámara Federal porteña, confirmó en 2016 los procesamientos de cuatro imputados en supuesto blanqueo de dinero de origen ilegal proveniente de la llamada “mafia de los medicamentos”. Todos habían sido sobreseídos por Oyarbide.
En la resolución de ese cuerpo se menciona una entrevista que le hizo quien escribe estas líneas a Forza, en el año 2008, como parte fundamental a la hora de reabrir la causa:
En la sentencia donde se juzgó a los responsables de su homicidio, ocurrido en agosto de 2008, el Tribunal Oral interviniente afirmó que Forza aspiraba a “quedar como el único proveedor de efedrina de Martínez Espinosa con destino a México” (conf. citada realizada a fs. 60 vta. del incidente). Y según declaró bajo juramento el periodista Christian Sanz, cuando lo entrevistó en mayo de 2008, Forza “aseguró en esa reunión que había existido lavado de dinero en los fondos de campaña que financiaron la campaña del Frente para la Victoria.
Según él, era plata del narcotráfico, más precisamente de los carteles de México. Me dio como ejemplo su propio caso, donde él aparecía aportando $200.000, pero luego apareció aportando nada. Esto fue confirmado por varios de los aportantes, estos fueron Gabriel Brito, titular de la firma Global Farmacy (sic), y el otro Julio Cesa (sic) Posse, monotributista, que aportó $310.000. Les decían que si ellos firmaban le daban el diez por ciento de lo que aportaban. Les prometieron beneficios con el Estado. Esto fue en las oficinas de Héctor Capaccioli, ex superintendente, porque lo echaron…” (textual, fs. 496/7).
Es cierto, como argumentaron algunas defensas, que Sanz es un testigo de oídas. Sus dichos deben valorarse conforme la fuente de que se trata. Pero si se los relaciona con todos los demás elementos, variados y unívocos, que se reunieron en la investigación, puede hablarse de la concurrencia de una matriz delictiva en la procedencia y percepción de los aportes de la campaña electoral.
Y el caso de los fondos acercados con la firma de Forza claramente responde a la lógica de esa matriz. Hay suficientes elementos, entonces, para observar el involucramiento ilícito de Capaccioli y Gramajo en estos hechos, porque “La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico…” (ver de la Sala I de la C.N.C.P., causa n° 6754 “Orentrajch”, reg. N° 8622 del 21/3/06).
