La Cámara de Diputados dio sanción final a un proyecto de Ley venido en revisión del Senado, por el cual se crea en la provincia, el Programa Mendoza Compacta “PROMECOM”, cuyo objetivo es la coordinación de la ejecución de las etapas del proceso de descontaminación, desguace y compactación de vehículos automotores y moto vehículos, establecido en la Ley 9024.
Según explicó Emiliano Campos (UCR), “complementa la ley 9024, en lo referente a los vehículos que se encuentran secuestrados y que se encuentran en distintas playas de los municipios, cumpliendo también con legislación nacional”.
Por esta iniciativa, que fuera impulsada por Marcelo Rubio (UCR), se crea además el “Registro Único de Empresas de Compactación”, estableciendo una serie de requisitos algunos de los cuales exigidos por la Ley de Administración Financiera, así como también el “Registro Único de Vehículos Secuestrados” que se encuentren bajo la custodia y guarda de la Autoridad Pública por causas judiciales o contravenciones, del ámbito federal, provincial y municipal.
La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Seguridad y prevé de igual modo, la creación de un Fondo de Reserva compuesto por el 5% del total del producido de la venta de chatarra resultante de la compactación de estos vehículos, para solventar gastos por reclamos administrativos y/o judiciales que pudieran surgir de la aplicación de esta normativa.
Una vez obtenida la baja de los vehículos a compactar, se notificará a la Administración Tributaria Mendoza- ATM, con el fin de que no sigan generando deuda tributaria con la provincia.
“Es de conocimiento público que los depósitos de vehículos secuestrados se han transformado en verdaderos desarmadores a cielo abierto, siendo objeto de constantes hechos de vandalismo, robo, incendios”, señala el autor del proyecto en la fundamentación.
Agrega al respecto, que “advirtiendo la necesidad en agilizar y reglamentar la disposición final de los vehículos depositados, y que se han ido acumulando a través de los años, en los predios que posee el Estado, a nivel provincial y municipal, esta iniciativa pretende ofrecer una solución concreta para la disposición final de estos vehículos”.
Aclara en ese sentido que se trata de vehículos tanto secuestrados por infracciones de tránsito como aquellos que se encuentren abandonados en la vía pública, subrayando que a la vez, “se generan recursos genuinos derivados de la disposición final de los vehículos, que permiten subsanar los gastos generados por la estancia de los vehículos en los predios”.
“El espíritu de esta ley es optimizar y mejorar los recursos a través de herramientas que permitan ordenar lo que está sucediendo en los distintos predios de secuestros, con criterios unificados”, acotó el senador.
Tratamiento en el recinto
Durante el tratamiento de esta Ley que fue aprobada por mayoría de votos, el diputado Emiliano Campos sostuvo que “en el programa Mendoza Compacta es interesante resaltar que había un programa nacional, establecido por la Ley 27401, que se encargaba de la compactación de este tipo de bienes que estaban en depósitos del Estado, por delitos o faltas de tránsito”.
“En Mendoza se había hecho lo propio mediante la Ley de Seguridad Vial, estableciendo un destino para los vehículos que llevaban un tiempo en estas playas, algunos fueron a subasta pública y otros podían ser reutilizados por reparticiones del Estado, pero hay otro grupo que son considerados chatarra, que no pueden ser rematados ni reutilizados. Estos que son la mayoría, generan zonas de contaminación visual, ambiental y de seguridad, por eso la finalidad es reflejar la norma nacional protegiendo el ambiente, es hacer una utilización sustentable de vehículos, lo que conlleva a la recuperación de la materia prima y la liberación de espacios municipales y provinciales”, explicó.
Por su parte, Jorge Difonso (FR-UP), indicó que en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales “hemos emitido despacho favorable por unanimidad, respecto de esta media sanción de la Cámara de Senadores sobre este programa de compactación de vehículos automotores y motos, que se encuentran en distintos predios a lo largo y a lo ancho de la provincia. Establece un proceso de descontaminación, de organización de todos estos vehículos que han estado en desuso durante mucho tiempo y que no han podido ser recuperados para su funcionamiento, de manera tal que por el consenso que tuvo en senadores y ahora en LAC proponemos su aprobación”.
A su turno, Mario Vadillo (CxM), anticipó su voto negativo señalando que “básicamente estamos claudicando en el espíritu de la Ley de educación vial” y que lo que “interesa es la recaudación. Es un sistema estatal que sólo quiere recaudar”.
Mailé Rodríguez, del FIT, adelantó la abstención a la hora de la votación, manifestando que “hay una situación ambiental muy importante que genera este escenario de los vehículos que están en las distintas playas, pero no vienen a resolver el problema en conjunto. Opinamos que lo ideal sería que existiese una verdadera separación de los residuos peligrosos y contaminantes y eso no está contemplado”.
Desde el PD, Mercedes Llano dijo acompañar en general la iniciativa “pero quiero marcar mi diferencia en lo que respecta al destino de lo producido”, teniendo en cuenta que “en otras provincias del país que han aplicado este programa definen que aquellos recursos excedentes sean destinados a entidades de bien público”.
Finalmente, el diputado Germán Gómez, que preside el bloque del FdT-PJ, indicó: “Vamos a apoyar la Ley, porque específicamente se refiere a casos concretos y no a todos, a aquellos donde prácticamente se ha generado una situación de abandono por más de 6 meses conforme lo establece el artículo 132 y prevé casos específicos, casos concretos donde hay un abandono y a ese vehículo ya no se lo puede utilizar, donde ya está prácticamente destruido, y sobre ese vehículo iniciar este proceso de compactado a los fines de evitar toda la situación ambiental que esta chatarra está generando en la provincia de Mendoza”.
Agregó que “la realidad es que esta es una situación que tenemos que resolver en la provincia de Mendoza. Creo que esta Ley tiene de bueno que empieza a tocar un tema de fondo ambiental y que creo que hay que darle una solución”.
