La vicepresidenta Cristina Kirchner informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio total de 16.463.095 pesos, compuesto principalmente por la herencia recibida de Néstor Kirchner.
De la declaración presentada el 18 de septiembre y publicada en la web de la OA este lunes se desprende que el monto representa un aumento del 69% respecto de los 9.761.186 pesos que informó el año pasado, aunque si se descuenta la inflación del año el incremento real fue del 24,2%.
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La mayor parte del patrimonio está compuesta por los “derechos reales en el país” (propiedad transferida a un tercero distinto al propietario) que recibió como herencia del ex presidente Néstor Kirchner, por 12.131.852 de pesos.
El patrimonio del ex presidente fallecido en 2010 se había dividido en un 50% para su viuda y el otro 50% para sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La vicepresidenta también declaró 441.335 pesos en bienes del hogar y no informó ningún vehículo a su nombre dado que, por su cargo, se traslada en automóviles de la flota oficial del Senado.
Por otra parte, Cristina Kirchner informó 3.679.029 pesos en dinero en efectivo depositado en dos cajas de ahorro al cierre de 2020 y un crédito por sueldos no percibidos por un total de 210.879 pesos.
La ex mandataria no informó propiedades ni acciones empresarias debido a que los bienes fueron donados a sus hijos en 2016 ante el avance de las causas judiciales en su contra, de las cuales algunas involucran a la empresas Hotesur, dueña del Hotel Alto Calafate, y la inmobiliaria Los Sauces.
Las empresas además están intervenidas por el Poder Judicial en el marco de investigaciones sobre presunto lavado de dinero que derivaron en el procesamiento de la vicepresidenta y que están a la espera de ser elevadas a juicio oral.
Cristina Kirchner cobraba desde 2010 la pensión vitalicia que le corresponde como viuda de un ex presidente a la que sumó en 2015, luego de dejar la Presidencia de la Nación, la que perciben los ex jefes de Estado.
Sin embargo, con el cambio de autoridades en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social la intimó a elegir entre una y otra, tras lo cual suspendió finalmente el pago de una de esas, decisión que fue apelada judicialmente por la ex mandataria. A fines de 2019, cuando asumió como vicepresidenta, la Justicia le dio razón a su planteo y la suspensión del cobro de ambas pensiones fue dejada sin efecto.
