Los jueces Miguel Mathus Escorihuela, Aldo Guarino Arias y Alejandro Pérez Hualde se presentaron ante la Fiscalía Estado con un solo pedido: que se frene la construcción de la obra Portezuelo del Viento. El principal argumento es que la obra significará un importante daño al patrimonio provincial.
“Las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a la planificación, decisión y avance en los trámites para la realización de tan importante emprendimiento hidroeléctrico han sufrido una profunda transformación que obliga a reconsiderar todo lo actuado”, sostienen en la presentación que le hicieron al fiscal Fernando Simón.
En este aclaran que la continuación del rumbo emprendido en relación a la obra “conduce inevitablemente a un severo daño a los intereses y el patrimonio de la Provincia”.
En los argumentos que expresaron los jueces, remarcan la inexistencia de distintas ofertas en la licitación que se encuentra en curso, los precios estipulados por la única oferente y la disminución sensible del caudal del Río Grande en los últimos años.
También plantean el “cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático” de las provincias integrantes del COIRCO de sus decisiones y la presencia de diversos reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales de nuestro territorio.
“Todo ello ocurrido con posterioridad a los estudios de factibilidad que fundaron la necesidad de la obra y su planificación de llenado de la presa y -consecuentemente- de recuperación de la inversión, obligan a un replanteo de la decisión”, señala el documento.
Diferentes cámaras empresariales de Mendoza se pronunciaron en contra de Portezuelo del Viento
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