Diputados de Juntos por el Cambio presentaron hoy en los tribunales federales una denuncia penal para que “se investiguen las razones por las cuales Argentina no logró contar con vacunas contra el Covid-19 en tiempo y en forma” y los motivos por el que no se llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer.
El escrito de los legisladores opositores reclama que se cite a prestar declaración testimonial al presidente Alberto Fernandez; a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a su antecesor en el cargo, Ginés Gonzalez García, como también a representantes de distintos laboratorios.
En ese marco, la denuncia pide se investigue el comportamiento de funcionarios públicos que negociaron con laboratorios y “han actuado, aparentemente, en forma incompatible con sus funciones, dando trato distinto y privilegiado a diferentes laboratorios que ofrecieron sus vacunas”.
Al respecto, Juntos por el Cambio solicitó iniciar una investigación sobre la posible comisión del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
“También podrá surgir la posible comisión del delito de tráfico de influencia prevista en el artículo 258 y el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248, y luego en los delitos que reprimen los homicidios hay un abanico de posibilidades que van desde el art 84, que reprime al que por imprudencia, negligencia o impericia causare la muerte a otro“, se agregó.
En la denuncia se lamentó que “la República Argentina pudo contar con, por lo menos, y en forma anticipada, 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría, contando solo a Pfizer y la provisión de Fondo Covax, que hubieran evitado muchísimas muertes que efectivamente ocurrieron, ya que personas que se infectaron de Covid-19, pudieron estar vacunados a tiempo“.
Y recordó que el laboratorio Pfizer “había ofrecido 13,3 millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud hasta 25 millones de dosis de vacuna”, pero “no se logró contar con esas ni con otras vacunas a tiempo”.
Los diputados firmantes de la denuncia penal son Omar De Marchi, Waldo Wolff, Alvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sanchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enriquez y Federico Zamarbide.
En tanto, el escrito planteó que el Gobierno “privilegió y autorizó la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina ‘socios locales’, dejando fuera a quienes no los tenían”, en referencia a Pfizer. Y agregó: “Al mismo tiempo, Hugo Sigman se encuentra beneficiado con dos proveedores distintos de vacunas (Sinopharm y AstraZeneca)”.
Además los opositores se quejaron de que existió “una notable falta de información por parte de los funcionarios de gobierno que mantienen los hechos en la oscuridad, y que no pueden explicar de forma cierta y precisa los motivos por los que no se adquirieron las vacunas que estaban disponibles en Pfizer y Fondo Covax, que provocaron miles de muertes que eran evitables”.
“Queremos saber que pasó, a través de una investigación judicial transparente y rigurosa”, finalizaron los representantes de Juntos por el Cambio.
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