“El COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de la Provincia, los recursos corrientes se redujeron 12,5% en términos reales respecto de 2019”. Así lo asegura un informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM).
Para la misma entidad, “el comportamiento fue dispar, mientras los recursos de origen provincial presentaron una fuerte contracción del 25,8%, los de origen nacional aumentaron un 1,3% en términos reales“.
Y puntualiza: “A pesar de la delicada situación en materia de ingresos, durante el 2020 se alcanzó un superávit corriente del 2,1% dado que el crecimiento nominal del gasto fue inferior al de los ingresos. Las transferencias a municipios y otras transferencias, al igual que la partida de personal, crecieron por encima del promedio de los gastos corrientes, mientras que por debajo se ubicaron las erogaciones en locación de servicios y las de intereses y gastos de la deuda”.
El CEM destaca que en 2020 “se registró un déficit operativo del 1,5% de los ingresos corrientes, sustancialmente inferior al déficit del 9,7% del año anterior, debido al ahorro corriente generado y a la contracción en las erogaciones de capital y trabajos públicos”.
Con una mirada retrospectiva, hubo un crecimiento del tamaño del Estado entre 2011 y 2015, con un amesetamiento “en serrucho” entre 2016 y 2020, insiste el CEM. “Si bien el año pasado el gasto público su ubicó en el 23,1% del PBG, es decir, 2,3 puntos porcentuales por debajo del valor de 2015, continúa en valores elevados”, puntualiza el paper.
Según la misma entidad, el aumento paulatino del gasto público se tornó agobiante para el sector privado: “Con la economía paralizada, un Estado más grande debió ser solventado por un sector privado productivo más pequeño. Entre 2011 y 2017 se incrementó la presión impositiva efectiva, que pasó del 4,4% al 7,9% del PBG, descendiendo desde entonces hasta el 6,5% en 2020. Esta tasa casi duplica la de 2005″, asevera.
Y agrega: “Los recursos provinciales incrementaron su participación en los recursos corrientes desde el 45% en 2011 hasta 51% en 2019, cayendo en 2020 al 43%. El 68% de los recursos provinciales fueron tributarios, luego de alcanzar 72% en 2015. El 32% restante corresponde a recursos no tributarios, que perdieron peso debido al débil desempeño de las regalías. Entre los recursos tributarios se destaca el impuesto a los ingresos brutos, principal fuente de recursos provinciales, cuya incidencia se reduce desde 2015. Entre las erogaciones corrientes se destacan, por su monto, las partidas de personal y las transferencias a municipios. La incidencia de los intereses y gastos de la deuda disminuye en los dos últimos ejercicios”.
Así continua el paper del CEM:
El empleo público aumentó un 17,6% entre 2010 y 2015, mientras que en el período 2015-2020 se redujo 6,3%. En los últimos diez años el gasto en personal creció a un ritmo algo menor que los recursos, reduciendo su incidencia desde el 56% al 54% de los recursos corrientes, luego de alcanzar el 64% en 2015.
En el primer lustro de la década analizada las erogaciones corrientes crecieron más rápido que los recursos corrientes, contribuyendo al proceso de deterioro del resultado corriente iniciado unos años antes, hasta alcanzar en 2015 su déficit máximo: 6,8% de los recursos. La tendencia se revirtió en 2016, logrando un superávit corriente de 8,1% en 2018. Si bien dicho superávit se diluyó en 2019, volvió a recuperarse en 2020 (+2,1%).
Las erogaciones de capital (inversión pública) fueron las partidas que cuadraron las ejecuciones presupuestarias del período. En 2011, representaban 13% de los recursos corrientes; cayendo al 6% en el período 2012-2016 y recuperándose entre 2017 y 2019 hasta promediar el 10%. En 2020 se redujeron a algo menos del 8%.
El sector público provincial registra déficits operativos desde 2009, llegando a su máximo en 2015: -13,5% de los recursos. Desde 2016, el mayor orden fiscal logra reducirlo a -1,5% en 2018 y 2020.
Mirando al futuro, es necesario generar una agenda que ponga en el centro de las políticas públicas el crecimiento de la producción y del empleo privado registrado, como bases para el desarrollo de Mendoza y herramientas para reducir la pobreza.
El ordenamiento fiscal iniciado en 2016 debe continuar, enfocando el esfuerzo en la calidad del gasto, para asegurar su eficiencia sin reducir su impacto. Este proceso debe ser acompañado de una reducción de la presión tributaria y de mecanismos innovadores de compensación de impuestos por creación de empleo. El tamaño de Estado no debería ser más grande que el que los mendocinos puedan financiar conforme la realidad económica local. Es necesario evitar que la envergadura del aparato estatal ahogue la competitividad y el crecimiento del sector privado.
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