El administrador general de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, presentó su renuncia frente al gobernador Rodolfo Suarez en el marco de las sospechas por fraude en ese organismo, algo que involucra a varios funcionarios.
El funcionario dejará el cargo el 1 de agosto, entonces retomará los trámites de jubilación que había suspendido en 2015.
El último acontecimiento relacionado al caso es que la encargada suplente del Registro Autor Nº5 de Mendoza, Alejandra Naman, resolvió que se embargue un vehículo de Oscar Sandes, como medida precautoria, cuyo dominio es el MLN683, y por el monto de 347.692,96 pesos.
Según declaró en diálogo con el medio Los Andes, al principio de la gestión de Suarez “había arreglado el retiro para mitad de año. Hace tiempo que tenía tomada la decisión”.
Sandes se defendió de las denuncias del peronismo y criticó el fallo del Tribunal de Cuentas. Asimismo destacó que fue él mismo quien presentó la denuncia para que se investigue un presunto fraude.
En aquella denuncia involucró a Corina Gallardo, ex gerenta de Recursos Humanos a quien le pidió la renuncia (hoy en la Municipalidad de Godoy Cruz con un cargo de planta); Juana Miriam Nancy Herrera, tesorera de la entidad y Jaime Obrador, jefe de Mesa de Revisión, ya fallecido.
“Yo denuncié que hubo gente que realizó fraude con una de las ‘cajas chicas’ de Vialidad entre 2018 y 2019. Cuando lo descubrimos fui a la Fiscalía y denuncié. Combatí la corrupción desde que llegué al cargo”, aseguró.
Comentó que su salida no está relacionada a la investigación judicial: “Me quería jubilar hace tiempo. Cumplí, trabajé, e hice las cosas bien. Es momento de descansar y estar con la familia”, señaló.
Dijo que el fallo del Tribunal de Cuentas tuvo “intencionalidades políticas” y aseguró que fue “parcializado”. Es necesario destacar que la resolución fue dividida, con tres votos en contra de Sandes por cargos que van hasta los 3 millones de pesos y dos a favor de correrlo de las sanciones.
Lo que se sabe hasta el momento es que algunos funcionarios utilizaron dinero público para pagar viajes en la costa, carga de combustible, hospedaje, comida y hasta chocolates; todo ello con la falsificación de la firma del administrador general.
