La Corte Suprema de Justicia fallaría durante los próximos días a favor del gobierno porteño en su decisión de continuar con la presencialidad escolar, pese al nuevo DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que avanzó con nuevas restricciones debido a la pandemia del coronavirus.
Aunque la resolución de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco será ante la presentación que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, realizó cuando Fernández oficializó el primer decreto que venció el viernes pasado, se aguarda el fallo porque fijará nuevos criterios a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad sobre sus facultades en un contexto de pandemia como este y la necesidad de aminorar las decisiones en un momento de tanta complejidad.
Cabe recordar que el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, determinó hace pocos días que era inconstitucional el decreto que suspendió las clases presenciales en el AMBA entre el 19 y el 30 de abril, recordó Infobae.
En su resolución, sostuvo que el decreto no estaba fundamentado para tomar una medida como la de suspender las clases que dependen pura y exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires, por la autonomía que posee sobre la educación como todas las provincias del país.
“Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, dijo Casal en su presentación de 49 páginas.
Luego de remarcar que los DNU tienen que ser ratificados por el Congreso, el dictamen agregó que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas perjudique a la salud, en sintonía con la postura del gobierno porteño. El Ejecutivo le había pedido a la Corte que dejará sin efecto la demanda.
“No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”, afirmó el procurador.
Casal dejó para el cierre de su escrito un mensaje para los gobiernos de Fernández y de Larreta. El procurador habló del “paradigma del federalismo concertado que debe primar en las relaciones interjurisdiccionales, especialmente si se presentan desacuerdos razonables o fricciones que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos que actúan directamente sobre el mismo pueblo”.
“Estas consideraciones adquieren especial relevancia frente al contexto epidemiológico actual, cuando es público y notorio que, en los últimos días, la situación se ha agravado debido a la propia dinámica y cambiantes características de la situación de la epidemia”, cerró.
